De pena ajena, lo que ocurre en el Poder Judicial del Estado de Veracruz; ahora resulta que cualquiera puede llegar a las oficinas de los consejeros y magistrados, desmontar los plafones, colocar cámaras y micrófonos, y realizar el monitoreo para tener vigilado el lugar.
Mauricio Duck Núñez, consejero del Poder Judicial, denunció hace un par de días un caso que es más grave de lo que parecería: espionaje en las oficinas del Tribunal. Dice que encontró en esas instalaciones cámaras y micrófonos que evidentemente estaban destinados a mantenerle vigilado.
Todo lo que dijo o hizo Mauricio Núñez habría quedado consignado en las grabaciones.
El consejero pidió una investigación y una explicación al presidente del Tribunal, Edel Álvarez Peña, a efecto de encontrar y castigar a los responsables de este caso de espionaje.
Posterior a esa denuncia pública, Álvarez Peña declaró a los medios que ya se realizaban las investigaciones y que se revisaban todas las oficinas de los magistrados y las instalaciones del inmueble que alberga al Poder judicial; que ya se toman “cartas en el asunto”; y que no podía responsabilizar a nadie.
Es un caso que debería ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado; y no sólo “investigado” de forma interna en el Poder Judicial.
El tema nos remite a las modificaciones aprobadas en julio pasado por la LXIV Legislatura del Estado, sobre el espionaje a instituciones de seguridad. El Artículo 371 del Código Penal para el Estado de Veracruz indica que “se impondrán de tres a quince años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario, a quien aceche o realice acciones de espionaje con el propósito de obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o labores en general que, en el desempeño de sus funciones, realicen elementos de instituciones de seguridad pública, sean éstas de vigilancia, de persecución, de investigación, de sanción del delito o de ejecución de penas. Si el sujeto activo es un servidor público, las penas señaladas… se incrementarán hasta en una mitad y se impondrá la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos, hasta por el término de quince años”.
De tal manera que no es un tema menor el expuesto por Mauricio Duck Núñez. Lo que llama la atención es el lugar común de la respuesta de Edel Álvarez sobre tomar “cartas en el asunto”; ¿de verdad se está investigando el caso?.
Por otro lado, cualquiera que acuda a la sede del Poder Judicial de Veracruz sabe que para llegar a las oficinas es necesario pasar dos filtros; generalmente el visitante entrega una identificación para el acceso y es interrogado sobre el despacho y el funcionario a quien busca.
No es fácil, así las cosas, llegar a las oficinas de consejeros, magistrados y jueces, y tener tiempo para realizar la instalación del equipo para el espionaje. Precisamente por ello, no faltó quien sospechara, con o sin razón, de un tema de carácter interno. Esas especulaciones, por cierto, se fortalecieron con la aclaración de Mauricio Duck en el sentido de que él, como consejero, no trata asuntos jurisdiccionales, sino administrativos.
Como sea, es un caso que debe investigarse a fondo, porque es difícil pensar que esa sería la única oficina del gobierno veracruzano, en los tres poderes, donde existan cámaras y micrófonos para saber quién entra, quién sale y qué temas abordan los funcionarios. @luisromero85
