Es sabido el aprovechamiento que en la pasada campaña presidencial hizo López Obrador de las “benditas redes sociales”, tal como las llamó aquella noche del 1 de julio, una vez declarado “virtual” presidente de México. La felicidad cambió el rostro adusto de Andrés Manuel, quien aprovechó ese medio electrónico para convencer a los millones de votantes que le permitieron un triunfo contundente, tal como lo reconocieron el INE y los otros contendientes: Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez (candidato ciudadano) y Margarita Zavala (quien desertó a media campaña).
Hoy, al cumplirse 1 año y 7 meses del sexenio, AMLO fustiga y quisiera desaparecer a las redes sociales y a todos aquellos medios de comunicación escritos, televisivos y radiofónicos, que día con día le recuerdan los compromisos de campaña incumplidos y la descalificación que formula el señor presidente a la población, dividiéndola en ricos y pobres, en conservadores y liberales, y solo falta la descalificación entre leales a su proyecto político y traidores y corruptos, colados que ocupan cargos en la administración pública donde él manda.
Los mexicanos, acostumbrados a ver y escuchar a los medios electrónicos y a la lectura de periódicos y revistas en general, se sentirían seriamente afectados si desde el gobierno se restringe el derecho a la información y las libertades de prensa y de expresión que norman el criterio de la sociedad en los asuntos públicos, con violación en particular de los artículos 6 y 7 constitucionales y del conjunto de derechos humanos a que alude el artículo 1 de la Ley Fundamental.
Al comienzo de la 3T, partiendo de la vigencia de la Constitución de 1917, en los acuerdos entre los grupos revolucionarios sus caudillos tuvieron especial cuidado de preservar esos derechos del hombre y del ciudadano para escribir, publicar y difundir toda clase de ideas y opiniones, con las únicas limitantes que entonces fueron consideradas en la Ley de Imprenta del mencionado año.
Por ello no se concibe que por alusiones personales o críticas institucionales se pretenda limitar o desaparecer esos derechos que son garantes de la libertad humana.
Las presiones en contra de comunicadores y medios han sido evidentes, igual que la cooptación de comunicadores que cambiaron su libertad de disentir con el gobierno en turno por la nómina oficial de la burocracia cupular, que el pueblo reprueba.
Los mexicanos, acostumbrados a ver y escuchar a los medios electrónicos y a la lectura de periódicos y revistas en general, se sentirían seriamente afectados si desde el gobierno se restringe el derecho a la información y las libertades de prensa y de expresión que norman el criterio de la sociedad en los asuntos públicos, con violación en particular de los artículos 6 y 7 constitucionales y del conjunto de derechos humanos a que alude el artículo 1 de la Ley Fundamental
