Mientras el tiempo transcurre desde la llegada de Emilio Lozoya Austin al aeropuerto de la Ciudad de México y su internamiento en el Hospital Ángeles del Pedregal, los secretos celosamente guardados por la cúpula del poder político en México poco a poco se van conociendo y diluyendo, debido a las filtraciones del exjuez español Baltazar Garzón, quien aparece como el responsable de la defensa jurídica del exdirector de Pemex.
No es extraño que con la experiencia de los abogados de Lozoya se haya dejado pasar más de una semana sin que Lozoya Austin se haya puesto a disposición de los jueces, para notificarle los motivos de su detención y las fechas de las audiencias con las que la Fiscalía de Gertz Manero tramitó las órdenes de aprehensión y la repatriación de Emilio para ser juzgado por la disposición indebida de los recursos públicos de la paraestatal y el financiamiento que se afirma que él recibió para la campaña del expresidente Peña Nieto.
La experiencia del abogado Javier Coello Trejo fue aprovechada en su momento, porque así convenía a Lozoya Austin y al contratar ahora los servicios profesionales de Baltasar Garzón, sin duda será para beneficio de su defendido, por haberse afectado su derecho al “debido proceso legal” y por permanecer tantos días privado de su libertad y sin conocimiento de la autoridad que le impuso esa medida que no podía durar más de 72 horas, a partir de su llegada a México.
Dos cosas se observan con la estrategia de Garzón. Primero, generar el intercambio de la libertad de su cliente a cambio de su silencio; segundo, cambiar la calidad de “indiciado” de Lozoya por la de “testigo colaborador”, lo que le permitiría evitar el juicio penal y recobrar su absoluta libertad y todos sus bienes, como ya sucedió con la profesora Elba Esther Gordillo Morales y otros personajes de la política que solo vivieron en carne propia el autoritarismo que da el uso indebido de atribuciones y facultades que en su momento también hicieron.
Al final de todo este embrollo el único perdedor resultará ser el pueblo, por el daño patrimonial estimado en 193.9 millones de dólares, cuyos beneficiarios jamás devolverán al erario público y seguirán disfrutando de las prebendas que se obtienen de la deshonestidad, cuando se forma parte de la “mafia del poder”.
