Resulta difícil de entender la posición de Emilio Lozoya Austin, perseguido y extraditado desde España para comparecer ante un juez federal y responder por graves imputaciones de corrupción durante su paso como director de Petróleos Mexicanos (Pemex). La primera sorpresa para los mexicanos ha sido el trato privilegiado que se le dio al no haber pisado hasta hoy el recinto judicial, muchos menos el Reclusorio Norte de la CDMX.
La defensa jurídica de Lozoya Austin, hasta donde se observa por las filtraciones publicadas por los medios de comunicación, pretende lograr la absolución del imputado, acudiendo a la figura “Excluyente de Incriminación” por “Obediencia Jerárquica”, puesto que quien nombró a Lozoya, primero como coordinador de relaciones internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto y luego como director de Pemex, fue su propio amigo y jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto.
Y para ello, Lozoya Austin ha formulado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, afirmando que fueron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray los que le ordenaron disponer de 100 millones de pesos, producto de sobornos de la empresa Odebrecht, para gastos de la campaña presidencial de 2012, pago de asesores electorales, y otros 120 millones de pesos pagados a un diputado federal y cinco senadores, cuyos nombres mantiene bajo reserva el denunciante, igual que el propósito perseguido con esa entrega de dinero.
Hasta hoy resulta endeble la denuncia del exdirector de Pemex (mediante una videograbación), por lo que para el fiscal Alejandro Gertz Manero este asunto representa una papa caliente en sus manos, debido a que se pondría en grave riesgo el prestigio de la procuración de justicia en México, por la violación flagrante de garantías constitucionales que protegen todo acto de molestia que provenga de la autoridad, al citar a cualquier persona a declarar sin otros elementos de prueba que fundamenten el dicho de Lozoya.
Por lo visto no será fácil para el gobierno de la 4T continuar distrayendo a la opinión pública nacional con un ilusorio combate a la corrupción que no se ha concretado, estando próximos a cumplir dos años del gobierno del presidente AMLO. Mientras tanto, el desempleo sigue creciendo y las bandas criminales amplían sus territorios de poder, sin resultados efectivos en las promesas de campaña que se hicieron para remediar la inseguridad y la pobreza.
