La reforma a la Constitución Política de nuestro estado, en materia electoral, avanza poco a poco. A pesar de que ha corrido la especie en el sentido de que los ayuntamientos la han rechazado, en los hechos son pocos, mínimos los municipios que se han opuesto a dicho ordenamiento, aprobado en la sesión del pasado 12 de mayo del Congreso de Veracruz.
Como se sabe, hasta hace unos días eran más de 60 los cabildos que habían dado el visto bueno a la reforma y a las adiciones a diferentes artículos de la Carta Magna veracruzana.
Aunque los partidos de oposición han intentado desviar la atención con otros temas que incluye la propuesta, como la revocación de mandato para funcionarios de elección popular, en el fondo lo que les preocupa es la disminución de las prerrogativas; es decir, los recursos públicos que reciben.
Por años y hasta el día de hoy, los líderes partidistas han vivido de los recursos públicos, que salen de los impuestos de los ciudadanos; no sólo ellos sino también sus familias, parientes y amigos.
De sobra existen ejemplos de los "dueños" de los institutos políticos que de la noche a la mañana se han enriquecido de forma inexplicable.
Son millones de pesos los que se destinan cada año a los partidos y poco o nada hacen en beneficio de la sociedad. Por el contrario, hasta el Instituto Nacional Electoral (INE) los ha multado por incurrir en diferentes irregularidades; la más común es la opacidad y la discrecionalidad en el gasto. Prácticamente todos los partidos enfrentan sanciones durante el presente año, al grado que sus prerrogativas se desplomaron en un 50%.
Esos recursos millonarios, el de las prerrogativas, bien podrían servir para destinarlos a temas prioritarios, como salud, infraestructura educativa, seguridad, el campo y muchos otros. El objetivo es beneficiar a los sectores más vulnerables.
Por supuesto, los ayuntamientos gozan de total libertad y autonomía para aprobar o rechazar la reforma constitucional aprobada en el Congreso. El mejor ejemplo es que municipios que no son gobernados por Morena han votado a favor. Por citar dos casos: Xico, cuyas autoridades son de extracción priista, y Teocelo, donde el alcalde es del desaparecido Partido Encuentro Social.
En contraparte, el cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en manos de Morena, votó en contra, en una decisión aparentemente inexplicable.
En general, los integrantes de los cabildos han analizado y ponderado la viabilidad de la reforma a la Constitución de nuestro estado, cuya finalidad es eficientar el uso de los recursos públicos, así como disminuir el excesivo gasto en los procesos electorales.
De esta manera, está en manos de los ayuntamientos abonar a una mejor manera de aplicar el dinero de los veracruzanos o, en caso contrario, despilfarrarlo para beneficio de una élite política estatal, a la que no le interesa el bienestar de la población.
