Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados del viernes pasado, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, confirmó lo que la mayoría de los mexicanos ya sabíamos –incluso sus propios militantes-:
Morena no cumplió con la devolución de la mitad de sus prerrogativas para la compra de vacunas contra el Covid-19 y tampoco entregó un centavo para las tareas de reconstrucción luego de los sismos de 2017, algo que sí hicieron otros partidos políticos.
Ambos ofrecimientos formaron parte del ardid publicitario utilizado como campaña política para la elección federal intermedia de este año. Pero no todos los mexicanos aceptaron el engaño, por eso Morena ha perdido el control del Congreso; por eso López Obrador tilda de desagradecidos a una clase media que entiende que la vacuna es un derecho y no una dádiva presidencial.
Morena no sólo no aportó de sus prerrogativas para la atención de los damnificados por los sismos. Por el contrario, fue multado con 197 millones de pesos por las irregularidades detectadas a través del fideicomiso creado supuestamente para ayudar a las tareas de reconstrucción y atención a las víctimas.
Los recursos del Fideicomiso "Por los demás" —creado para captar y entregar recursos a los damnificados—, fueron a parar a manos de personas vinculadas a ese partido y, en consecuencia, a las campañas políticas de la elección de 2018. Los sismos resultaron un gran negocio para Morena y la 4T.
Ya como gobierno, repitieron el engaño. En septiembre de 2020, el entonces diputado federal y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado –hoy dirigente nacional de ese partido-, ofreció que “devolvería” a la Federación el 50 por ciento de las prerrogativas que le autoriza la ley, a fin de que los recursos se utilizaran para la compra de vacunas contra el coronavirus. Todo fue una mentira más.
Durante 2021, Morena tiene derecho a dos mil 244 millones de financiamiento público, de los cuales sólo ha regresado 150 millones –es decir, el 6.6%- pese a su compromiso público de devolver la mitad de sus recursos para costear la compra de vacunas contra el Covid-19.
En su comparecencia, Córdova también confirmó que en 2017 Morena no cedió recursos con motivo de los sismos de septiembre –la creación del fideicomiso sólo fue la coartada-, y solamente el PRI y el PAN dieron parte de su presupuesto de sus gastos ordinarios. Por ello, para Morena, la comparecencia de Lorenzo Córdova no fue más que la oportunidad de consumar una vulgar vendetta.
El verdadero encono y descalificación compulsiva en contra del INE no es sólo por su naturaleza autónoma, sino por las decisiones que ha tomado en ejercicio de esa autonomía: la cancelación de las candidaturas de Morena a Gobernador en Guerrero y Michoacán, la investigación de los recursos recibidos ilegalmente por la familia de López Obrador, las sanciones al Presidente por el proselitismo político que realiza desde las conferencias mañaneras y lo que califican como una “excesiva fiscalización” de los recursos públicos que reciben.
Ahora se suma un nuevo argumento: la revocación de mandato instigada por el Presidente como una forma de ratificar y reconocer a su gobierno. Según el INE, este proceso inútil de propaganda política, nos costará tres mil 830 millones de pesos debido a que la ley obliga a que se realice de la misma forma que una elección constitucional: número de boletas, mesas de casilla, funcionarios electorales, etc.
Pero no fue el INE quien impuso las reglas sino la propia ley aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso. Hacerlo de manera diferente no sólo sería ilegal, sino que el resultado no tendría validez. Esas reglas implican también por supuesto, que el Presidente no podrá intervenir de forma alguna en el proceso, ni siquiera hacer referencia en sus mañaneras.
Si en verdad el Presidente y su partido desean reducir los costos de su “ratificación de mandato”, podrían empezar por detener la enorme maquinaria que ya se moviliza para recabar firmas y, posteriormente, promover el voto a favor de la continuidad del mandatario. La obsesión por estar en campaña todo el tiempo y en todo lugar es incontrolable.
Como las aportaciones para los damnificados de los sismos y para la compra de las vacunas en contra del Covid-19, la revocación de mandato no es más que otro engaño para recuperar la legitimidad perdida por un gobierno mentiroso, corrupto e ineficaz. Para eso necesitan un órgano electoral controlable, sumiso y afín al proyecto de construir el camino a la presidencia imperial.
Tiene razón Lorenzo Córdova cuando asegura que la democracia se puede acabar si no la cuidamos.
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