/ jueves 30 de julio de 2020

Para Lozoya, justicia y gracia; para Peña Nieto, ley a secas

Sorprende la seguridad y determinación de Emilio Lozoya Austin, para negar la responsabilidad que le resulta por los sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht. Fue a través de las diversas entregas de dinero que recibió, mediante depósitos en cuentas de familiares y prestanombres, por parte de representantes de la empresa Odebrecht, por la suma de 10.5 millones de dólares, con la promesa-cumplida de otorgar contratos de obra pública con Pemex, mediante los cuales la constructora brasileña obtuvo una ganancia por 39 millones de dólares, en detrimento del patrimonio nacional, cuando Lozoya fungió como director de Pemex.

Para qué “chivatear” o delatar a sus cómplices, si sabe bien Lozoya que podía haber “guardado silencio” y aun cuando ha manifestado su deseo de prestar ayuda eficaz para la investigación y persecución del delito de delincuencia organizada, el juzgador tendría la obligación de conceder los beneficios que legalmente corresponden a un testigo colaborador, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional.

Qué indignidad y deshonra de quien es hombre para delinquir pero traiciona a sus cómplices con tal de salvar su “honorabilidad”. Lo que se deduce de lo que dijo el presidente en declaración mañanera a la prensa, es que el exdirector de Pemex tendrá consideraciones, pero se eludió la respuesta directa a la pregunta de que si Emilio Lozoya va a pisar la cárcel. Solo se justificó diciendo que “el exdirector de Pemex está sujeto a proceso y hay un acuerdo para que dé a conocer a todos los implicados en la investigación abierta en su contra. Entonces por eso considero correcta esta decisión que tomó la Fiscalía, está sujeto a proceso y va a seguir declarando, tiene que informar; ayer habló que va a dar a conocer nombres y todo el procedimiento”.

La condición de testigo colaborador sólo implica el otorgamiento de beneficios al “soplón”, pero de ninguna manera constituye una causa excluyente de incriminación, sobre todo cuando el privilegiado exfuncionario federal, por sus conocimientos y aptitud para el desempeño del cargo de director de Pemex, cumplía en su momento con los requisitos legales y profesionales para desempeñar ese importante cargo y no se negó a embolsarse 10.5 millones de dólares a cambio de favores que, aunque sabía racionalmente las consecuencias de sus actos, se benefició e implicó a sus familiares más cercanos e íntimos.

Sorprende la seguridad y determinación de Emilio Lozoya Austin, para negar la responsabilidad que le resulta por los sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht. Fue a través de las diversas entregas de dinero que recibió, mediante depósitos en cuentas de familiares y prestanombres, por parte de representantes de la empresa Odebrecht, por la suma de 10.5 millones de dólares, con la promesa-cumplida de otorgar contratos de obra pública con Pemex, mediante los cuales la constructora brasileña obtuvo una ganancia por 39 millones de dólares, en detrimento del patrimonio nacional, cuando Lozoya fungió como director de Pemex.

Para qué “chivatear” o delatar a sus cómplices, si sabe bien Lozoya que podía haber “guardado silencio” y aun cuando ha manifestado su deseo de prestar ayuda eficaz para la investigación y persecución del delito de delincuencia organizada, el juzgador tendría la obligación de conceder los beneficios que legalmente corresponden a un testigo colaborador, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional.

Qué indignidad y deshonra de quien es hombre para delinquir pero traiciona a sus cómplices con tal de salvar su “honorabilidad”. Lo que se deduce de lo que dijo el presidente en declaración mañanera a la prensa, es que el exdirector de Pemex tendrá consideraciones, pero se eludió la respuesta directa a la pregunta de que si Emilio Lozoya va a pisar la cárcel. Solo se justificó diciendo que “el exdirector de Pemex está sujeto a proceso y hay un acuerdo para que dé a conocer a todos los implicados en la investigación abierta en su contra. Entonces por eso considero correcta esta decisión que tomó la Fiscalía, está sujeto a proceso y va a seguir declarando, tiene que informar; ayer habló que va a dar a conocer nombres y todo el procedimiento”.

La condición de testigo colaborador sólo implica el otorgamiento de beneficios al “soplón”, pero de ninguna manera constituye una causa excluyente de incriminación, sobre todo cuando el privilegiado exfuncionario federal, por sus conocimientos y aptitud para el desempeño del cargo de director de Pemex, cumplía en su momento con los requisitos legales y profesionales para desempeñar ese importante cargo y no se negó a embolsarse 10.5 millones de dólares a cambio de favores que, aunque sabía racionalmente las consecuencias de sus actos, se benefició e implicó a sus familiares más cercanos e íntimos.