/ martes 12 de noviembre de 2019

Pasividad de legisladores por la muerte del diputado Juan Carlos Molina

No se ha oído el reclamo de sus compañeros de Cámara, por el proditorio crimen de su colega el diputado Juan Carlos Molina, ni tampoco el reclamo de los miembros del Congreso Agrario Permanente, instituciones que en principio, por solidaridad con el finado y su familia, deberían exigir a las autoridades competentes que este crimen no quede impune.

Sobre las comisiones a las que perteneció Juan Carlos Molina, la de Comunicaciones, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Pesca y Acuacultura, no se cree que pudiera estar el móvil del crimen, puesto que su actuación institucional y su arribo a la Cámara como diputado del PRI, anularon sus posibilidades de liderazgo, que le fueron reconocidas entre el sector campesino y particularmente entre los cañeros.

Es sabido por el común de la gente que no hay diputado que ponga en riesgo sus intereses personales para favorecer al pueblo, y que siendo depositarios de la soberanía popular para elaborar leyes justas, se ha perturbado y malinterpretado su función, convirtiéndose en promotores de obras y en gestores para disponer la aplicación de los recursos presupuestales como mejor convenga a sus propios intereses; por lo que no es por ahí por donde se cree que pudiera existir alguna razón para privar de la vida a Juan Carlos Molina.

La pasividad ante su muerte de los compañeros de cámara del diputado Molina Palacios deja mucho qué desear ante la opinión pública. Nadie quiere regresar a épocas pasadas, en donde los cacicazgos usurparon la voluntad política de los gobernados; pues si hemos logrado construir una sociedad que hace uso indiscriminado de las garantías constitucionales para conseguir lo que el gobierno, sin justificación alguna, se niega a dar al pueblo, siendo éste el motivo por el que convertidos en grupos de presión, intentan romper los círculos de poder para conseguir lo que de suyo les pertenece; pero nunca habrá justificación para lograrlo mediante la privación de la vida.

Por tanto, si los miembros del Poder Legislativo local no reclaman ante el Ejecutivo del Estado, el esclarecimiento del artero asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, qué se puede esperar el pueblo agraviado por la delincuencia y la criminalidad, si sus representantes no hacen nada por exigir que se aclare el crimen al estilo de la mafia norteamericana de un compañero de Cámara que merece descansar en paz en el momento en que se haga justicia.

No se ha oído el reclamo de sus compañeros de Cámara, por el proditorio crimen de su colega el diputado Juan Carlos Molina, ni tampoco el reclamo de los miembros del Congreso Agrario Permanente, instituciones que en principio, por solidaridad con el finado y su familia, deberían exigir a las autoridades competentes que este crimen no quede impune.

Sobre las comisiones a las que perteneció Juan Carlos Molina, la de Comunicaciones, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Pesca y Acuacultura, no se cree que pudiera estar el móvil del crimen, puesto que su actuación institucional y su arribo a la Cámara como diputado del PRI, anularon sus posibilidades de liderazgo, que le fueron reconocidas entre el sector campesino y particularmente entre los cañeros.

Es sabido por el común de la gente que no hay diputado que ponga en riesgo sus intereses personales para favorecer al pueblo, y que siendo depositarios de la soberanía popular para elaborar leyes justas, se ha perturbado y malinterpretado su función, convirtiéndose en promotores de obras y en gestores para disponer la aplicación de los recursos presupuestales como mejor convenga a sus propios intereses; por lo que no es por ahí por donde se cree que pudiera existir alguna razón para privar de la vida a Juan Carlos Molina.

La pasividad ante su muerte de los compañeros de cámara del diputado Molina Palacios deja mucho qué desear ante la opinión pública. Nadie quiere regresar a épocas pasadas, en donde los cacicazgos usurparon la voluntad política de los gobernados; pues si hemos logrado construir una sociedad que hace uso indiscriminado de las garantías constitucionales para conseguir lo que el gobierno, sin justificación alguna, se niega a dar al pueblo, siendo éste el motivo por el que convertidos en grupos de presión, intentan romper los círculos de poder para conseguir lo que de suyo les pertenece; pero nunca habrá justificación para lograrlo mediante la privación de la vida.

Por tanto, si los miembros del Poder Legislativo local no reclaman ante el Ejecutivo del Estado, el esclarecimiento del artero asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, qué se puede esperar el pueblo agraviado por la delincuencia y la criminalidad, si sus representantes no hacen nada por exigir que se aclare el crimen al estilo de la mafia norteamericana de un compañero de Cámara que merece descansar en paz en el momento en que se haga justicia.

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