/ lunes 13 de agosto de 2018

PGR, obligada a respetar “la cosa juzgada”

El Primer Tribunal Unitario en materia penal, del Primer Circuito de la Ciudad de México, determinó la absolución de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, quien fuera acusada por la comisión de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos y defraudación fiscal; después de cinco años de permanecer privada de su libertad.

La prisión, aunque gozando de ciertos privilegios (negados a otros reos), no deja de ser prisión y menos sufriendo los padecimientos en la salud de la maestra, quien vive desde hace varios años con un solo riñón y con deficiencias renales que por su avanzada edad, le producen diversos malestares, agravados por tratarse de una prisionera política, como resulta ser lo más viable, ante las condiciones de su liberación.

La PGR debe actuar siempre que tenga conocimiento de la comisión de hechos ilícitos, constitutivos de delitos, que sean de su competencia, y formular acusación en contra de quien o quienes se presuma, cometió o participó de esos hechos, solicitando al tribunal competente, la aplicación de la ley con el castigo de rigor y la reparación de los daños ocasionados por los autores intelectuales y materiales de los delitos.

En nuestro país, el monopolio de la acción penal lo tiene el Estado, y la violación de la ley penal, en agravio de un particular o del conglomerado social, le corresponde a las procuradurías de Justicia o a las fiscalías que tutelan y resguardan la representación social; por lo que después de ejercitar las acciones penal y reparadora del daño, y habiéndose dictado una sentencia “absolutoria” por el más Alto Tribunal Federal, el asunto ha causado ejecutoria y se convierte en cosa juzgada que se traduce a su vez en la verdad legal y en el ámbito jurídico ya no hay nada más que discutir.

La casualidad ha querido que la liberación de la exlíder del SNTE coincida con la entrega de la constancia de presidente electo de México, en favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador; y que las alianzas políticas de la maestra Elba Esther Gordillo Morales con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y con López Obrador, hayan contribuido a sus triunfos, no así con el del licenciado Enrique Peña Nieto, cuya PGR reconoce la excarcelación de la maestra “aunque no la comparta”; en política se presta a la especulación de una negociación, pero a la luz del Derecho ya no hay nada que hacer.


El Primer Tribunal Unitario en materia penal, del Primer Circuito de la Ciudad de México, determinó la absolución de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, quien fuera acusada por la comisión de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos y defraudación fiscal; después de cinco años de permanecer privada de su libertad.

La prisión, aunque gozando de ciertos privilegios (negados a otros reos), no deja de ser prisión y menos sufriendo los padecimientos en la salud de la maestra, quien vive desde hace varios años con un solo riñón y con deficiencias renales que por su avanzada edad, le producen diversos malestares, agravados por tratarse de una prisionera política, como resulta ser lo más viable, ante las condiciones de su liberación.

La PGR debe actuar siempre que tenga conocimiento de la comisión de hechos ilícitos, constitutivos de delitos, que sean de su competencia, y formular acusación en contra de quien o quienes se presuma, cometió o participó de esos hechos, solicitando al tribunal competente, la aplicación de la ley con el castigo de rigor y la reparación de los daños ocasionados por los autores intelectuales y materiales de los delitos.

En nuestro país, el monopolio de la acción penal lo tiene el Estado, y la violación de la ley penal, en agravio de un particular o del conglomerado social, le corresponde a las procuradurías de Justicia o a las fiscalías que tutelan y resguardan la representación social; por lo que después de ejercitar las acciones penal y reparadora del daño, y habiéndose dictado una sentencia “absolutoria” por el más Alto Tribunal Federal, el asunto ha causado ejecutoria y se convierte en cosa juzgada que se traduce a su vez en la verdad legal y en el ámbito jurídico ya no hay nada más que discutir.

La casualidad ha querido que la liberación de la exlíder del SNTE coincida con la entrega de la constancia de presidente electo de México, en favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador; y que las alianzas políticas de la maestra Elba Esther Gordillo Morales con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y con López Obrador, hayan contribuido a sus triunfos, no así con el del licenciado Enrique Peña Nieto, cuya PGR reconoce la excarcelación de la maestra “aunque no la comparta”; en política se presta a la especulación de una negociación, pero a la luz del Derecho ya no hay nada que hacer.