Las elecciones en seis estados de la República han despertado el interés de los electores de Baja California, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, debido a que para algunos analistas políticos el voto se definirá por la evaluación que en cada estado se tiene del trabajo realizado durante el primer semestre del gobierno del presidente López Obrador. Lo que significa para los militantes del partido Morena un triunfalismo adelantado en las seis entidades, con un resultado arrollador en Puebla de Zaragoza.
Y es que la diferencia de la pasada elección por la gubernatura poblana, que se judicializó por escaso número de votos, el TEPJF reconoció el triunfo de la siempre bien recordada Martha Érika Alonso, quien sólo gobernó del 1 al 24 de diciembre pasado, ya que perdió la vida en el fatídico accidente donde murió acompañada de su esposo, el senador poblano Rafael Moreno Valle, y la tripulación del helicóptero cuyas causas de caída todavía se desconocen oficialmente.
De la limpieza y legalidad del proceso electoral dependerá la actuación del nuevo titular de la Fepade, Agustín Ortiz Pinchetti, cuya preparación y honestidad son avaladas por AMLO. Don Agustín se estrena con el catálogo de delitos electorales recién aprobado por el órgano legislativo federal, que incluye en diversos ilícitos la sanción de prisión preventiva oficiosa para personas que sean descubiertas utilizando programas sociales para inducir al voto.
Las acusaciones, descalificaciones e imputaciones entre los seguidores de los diversos candidatos no se han hecho esperar y desde la falta de instalación de casillas, la apertura extemporánea, el nombramiento de funcionarios en sustitución de quienes no llegaron a las casillas para ejercer sus funciones y el embarazo de urnas acostumbrado en anteriores procesos electorales esta vez no han sido la excepción; sin embargo, existen acusaciones más graves, como el desvío de recursos públicos para la compra de votos, robo de paquetes electorales y amenazas para obtener el triunfo de candidatos por la fuerza, que darán lugar a la apertura de carpetas de investigación y consignación contra QRR de delitos sancionados con prisión preventiva oficiosa.
Lo mejor que podría suceder al país es que la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública eviten cualquier grave atentado que ponga en riesgo la tranquilidad y la paz pública.
