/ sábado 16 de noviembre de 2019

Protección del derecho de asilo, al máximo rango jurídico-político

El artículo 11 constitucional que tutela la libertad de tránsito para entrar y salir de la República no exige requisitos tales como: carta de seguridad, pasaporte, salvoconductos u otros semejantes. Sin embargo, el texto constitucional citado subordina el derecho de asilo a las facultades y atribuciones de la autoridad judicial, particularmente en los casos de responsabilidad criminal o civil del asilado. Es por ello que el expresidente de Bolivia Evo Morales, no tuvo ningún impedimento para aceptar el asilo político ofrecido por el Gobierno de AMLO.

Ahora que el asilo político debe limitarse a lo establecido en los tratados internacionales, suscritos por ambos países (Mexico y Bolivia), y no se ha precisado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard la existencia del documento en el que se sustentan sus determinaciones o las del señor Presidente.

Toda persona que se persiga por motivos políticos tendrá derecho en el plano internacional a solicitar la protección contra quienes pretendan socavar sus derechos humanitarios; eso dice el artículo 14 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DECHOS HUMANOS Y LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, sobre el asilo territorial (1967).

La región latinoamericana, por la inestabilidad de sus gobiernos o por el establecimiento de dictaduras, vejatorias de los principios democráticos que garantizan la soberanía interna de cada estado, es recurrente en cuanto al uso de la protección a refugiados y asilados políticos, los cuales deben siempre regirse por el principio de la buena fe que facilite el acceso al asilo, sin formalismos rígidos para evitar la expulsión o la extradición.

Si se considera todo lo anterior resulta justo el reclamo a nuestro país por el activismo político del derrocado Evo Morales, según lo dicho por el nuevo ministro de la presidencia de Bolivia Jerjes Justiniano, de ahí también surge el enojo de la presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez, plenamente justificado para que se exhorte a Evo Morales, a no realizar declaraciones en tanto dure su estancia en México y mientras tenga el carácter de asilado, puesto que Evo sólo pretende aparecer ahora como el salvador de la patria, olvidándose de su responsabilidad por el mal gobierno que hizo y su deseo de convertirse en dictador de Bolivia. México tiene la palabra.

El artículo 11 constitucional que tutela la libertad de tránsito para entrar y salir de la República no exige requisitos tales como: carta de seguridad, pasaporte, salvoconductos u otros semejantes. Sin embargo, el texto constitucional citado subordina el derecho de asilo a las facultades y atribuciones de la autoridad judicial, particularmente en los casos de responsabilidad criminal o civil del asilado. Es por ello que el expresidente de Bolivia Evo Morales, no tuvo ningún impedimento para aceptar el asilo político ofrecido por el Gobierno de AMLO.

Ahora que el asilo político debe limitarse a lo establecido en los tratados internacionales, suscritos por ambos países (Mexico y Bolivia), y no se ha precisado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard la existencia del documento en el que se sustentan sus determinaciones o las del señor Presidente.

Toda persona que se persiga por motivos políticos tendrá derecho en el plano internacional a solicitar la protección contra quienes pretendan socavar sus derechos humanitarios; eso dice el artículo 14 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DECHOS HUMANOS Y LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, sobre el asilo territorial (1967).

La región latinoamericana, por la inestabilidad de sus gobiernos o por el establecimiento de dictaduras, vejatorias de los principios democráticos que garantizan la soberanía interna de cada estado, es recurrente en cuanto al uso de la protección a refugiados y asilados políticos, los cuales deben siempre regirse por el principio de la buena fe que facilite el acceso al asilo, sin formalismos rígidos para evitar la expulsión o la extradición.

Si se considera todo lo anterior resulta justo el reclamo a nuestro país por el activismo político del derrocado Evo Morales, según lo dicho por el nuevo ministro de la presidencia de Bolivia Jerjes Justiniano, de ahí también surge el enojo de la presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez, plenamente justificado para que se exhorte a Evo Morales, a no realizar declaraciones en tanto dure su estancia en México y mientras tenga el carácter de asilado, puesto que Evo sólo pretende aparecer ahora como el salvador de la patria, olvidándose de su responsabilidad por el mal gobierno que hizo y su deseo de convertirse en dictador de Bolivia. México tiene la palabra.