Desde el inicio de este gobierno, el Palacio Nacional perdió su solemnidad para convertirse en el epicentro de la violencia política en el país.
La reciente difusión de un tuit falso, la solicitud de renuncia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la propuesta de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), forman parte de una consistente estrategia en contra de los organismos electorales. En la lista también se puede incluir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su frenesí por imponer una visión unipersonal del país, el Presidente inauguró la delirante iniciativa de “¿Quién es quién en las mentiras?”. Desde entonces no ha dejado de ser el protagonista y máximo exponente de su falsa narrativa de la verdad.
En una semana de verdadera furia, el viernes pasado, ante la decisión del ministro presidente Arturo Zaldívar de rechazar la ampliación de su periodo al frente de la SCJN, el Presidente acusó –una vez más sin pruebas- que los ministros de la Corte “están echados a perder”. La decisión de Zaldívar, aunque correcta, llegó tarde. La constitucionalidad nunca estuvo a discusión. La Suprema Corte no está podrida, lo podrido es la aspiración de una presidencia imperial.
Un día antes, López Obrador también acusó al nuevo presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón de haberlo insultado a través de un tuit publicado en octubre pasado. El Presidente sabía que el tuit y su acusación eran falsas. Aún así, no tuvo pudor alguno para proyectar en Palacio Nacional el mensaje apócrifo: “Ojala se muera ese viejo culero de Palacio Nacional”. Todo se trató de un burdo montaje.
Que López Obrador haya dicho una mentira en la conferencia mañanera es irrelevante. Lo ha hecho al menos 60 mil veces en estos tres años, según se ha documentado a partir de sus propias afirmaciones.
Lo grave es que el Presidente –quien ahora acusa a los medios de “exagerar la verdad”-, recurrió a una de ellas para mostrar su enfado por la destitución del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, un aliado estratégico de la 4T, hoy acusado de enriquecimiento ilícito. En realidad, el Presidente López Obrador sigue molesto por los resultados de la elección intermedia del pasado 6 de junio en la Ciudad de México, su histórico bastión político, hoy convertido en su principal oposición electoral. Lo está también por el fracaso y el desinterés ciudadano por una consulta popular que resultó un carísimo capricho. Tal vez esté preocupado por el resultado de la revocación de mandato que se realizará en marzo del próximo año.
Pero ni el resultado electoral, el fracaso de la consulta popular y la próxima revocación de su mandato, son culpa del INE ni del Tribunal Electoral, sino de las malas decisiones, la corrupción y la ineficiencia de su gobierno que nos tienen inmersos en una profunda crisis social, económica y de salud.
El Presidente debe serenarse y dejar de utilizar las conferencias mañaneras para ejercer violencia política en contra de las instituciones y sus integrantes.
Por desgracia, López Obrador está cosechando las tempestades que ha sembrado con esmero. Ahora, con una mentira flagrante como bandera, busca presentarse como víctima de un lenguaje que denota violencia política, pero que él mismo ha promovido al romper la civilidad en estos tres años. El Presidente, como sucedió el jueves pasado, está dispuesto a insultar a quien sea, incluso a él mismo.
Lo mismo sucede con el Instituto Nacional Electoral, al que acusa de no haber promovido la fallida consulta popular. En abril pasado, el Presidente anunció una reforma administrativa que busca eliminar los órganos autónomos, con lo que las funciones del organismo electoral irían al Poder Judicial. Eso no pasará.
La participación de apenas el 7% de los electores en la consulta popular confirmó lo que todos sabíamos meses atrás: no habría juicio contra ex presidentes –algo que nunca fue tema de la consulta-, tampoco se alcanzaría el 40% de participación, y lo peor, el despilfarro de 528 millones de pesos en medio de una gravísima crisis sanitaria y de desabasto de medicinas.
La desaparición del Instituto Nacional Electoral ha sido una tentación permanente para el Presidente López Obrador. No le gusta porque, al no ser parte de su gobierno, no están sujetos a su voluntad. Es la “arrogancia de sentirse libres” de los organismos autónomos lo que enfada al Presidente.
Hoy la investidura presidencial está en entredicho no por las desafortunadas expresiones en contra de la Suprema Corte de Justicia o aquéllas atribuidas falsamente a un magistrado electoral, sino por la arenga irracional que se hace todos los días desde el cadalso de las mañaneras.
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