Desde hace varios años Xalapa viene padeciendo atropellos y saqueos de parte de autoridades estatales. A manos de policía y tránsito estatales la ciudadanía sufre demoras, vejaciones y merma a su economía. Es un sistema oficial desplegado a la luz del día impunemente. Consiste en la colocación de retenes sin ton ni son, donde se transgreden garantías constitucionales y se generan todo tipo de molestias a los automovilistas, como en situación de guerra o circunstancias de peligro.
Es obvio que no hay alguna estrategia de política pública ni un despliegue profesional que sea necesario. Sin criterio, la policía detiene a quien quiere al azar. Es un atropello que normalmente termina en daños al patrimonio de la gente y en extorsiones. Pasan gobiernos, de todos los colores, y continúan las mismas prácticas que afectan y desprecian los derechos y las libertades de la ciudadanía. Urge una revisión de esos métodos que deben llamarse de inseguridad. Es un problema en el que debe intervenir el cabildo xalapeño.
El otro asunto grave es el de las grúas privadas. Igual, un jugoso negocio de años. Es todo un sistema empresarial en coordinación oficial. Estamos ante el mayor atentado al patrimonio de las personas. Es una especie de saqueo cotidiano. Es impresionante el desfile de las grúas llevando autos de gente confiada. Primero llenaron las calles de discos con prohibición de estacionarse, se justifique o no. Después introdujeron docenas de grúas para hacer el gran negocio. El fondo es la recaudación, no la vialidad ni la preservación de áreas sensibles como hospitales, cuarteles o instalaciones de bomberos. No les importa el orden, lo suyo es el negocio. Su prepotencia les permite cobrar sin justificar con recibos fiscales. Podrían simplemente las autoridades de tránsito retirar la placa o algún documento del infractor, sin embargo el negocio es otro.
Ambos problemas, el de los retenes y las grúas, son una afrenta a Xalapa, nos colocan en una situación indigna. Difícilmente por sí mismo el gobierno estatal hará algo para remediar esta situación. Es tarea de una ciudadanía crítica y participativa, que entienda el fondo de estos problemas, que busque información legal y no se deje. Aquí hace falta la acción del Ayuntamiento, cuyo cabildo debe deliberar al respecto y tomar medidas concretas. Es fundamental que hable con las autoridades estatales y se coordinen sobre estos asuntos. No es tan difícil resolverlo de acuerdo a los intereses de la ciudadanía. Por supuesto se requiere visión, compromiso y valor. Es de esperarse que haya la voluntad política de los ediles para entrar en materia. Me parece que hará falta una sesión especial del Cabildo para abordar estos problemas.
Además de legal es una cuestión de voluntad política del Cabildo, en general, y del alcalde, en particular. Es una curiosidad saber hasta dónde están dispuestos a enfrentar lo que es un abierto negocio de empresarios y funcionarios estatales. Los ediles deben decidir si se quedan en las labores rutinarias y básicas o si, por el contrario, dan pasos mayores, de compromiso con sus gobernados. No deben obviar que son la autoridad municipal electa, que resultan lo más cercano a la ciudadanía. En ese sentido no deben eludir sus responsabilidades. Es inconcebible que sobre asuntos claves para Xalapa quienes definan sean funcionarios designados y provenientes de otros municipios o de otras entidades federativas. Lo que decida el Ayuntamiento determinará si representa un cambio y algo mejor.
Recadito: A estas alturas ya no se esperan gobiernos de izquierda, solo que funcionen.
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