La respuesta llegó de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al día siguiente: la consulta no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, por tanto, el gobierno gastará 8 mil millones de pesos sólo para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que se aplique la ley, lo que no merece consulta alguna.
La polémica decisión de la Suprema Corte de considerar constitucional la propuesta de López Obrador buscó encontrar una salida política y salomónica: complacer el capricho presidencial, pero al mismo tiempo, ponerse a salvo reformulando una pregunta tan ambigua como absurda.
Dada la reacción casi unánime de los más destacados juristas del país -Ignacio Morales Lechuga y Diego Valadés, entre ellos-, en contra de la decisión de la SCJN, su presidente Arturo Zaldívar tuvo que medio recular un día después aceptando que la consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales porque los procedimientos de procuración de justicia no se consultan y que se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública.
En consecuencia, que algún expresidente sea llevado o no a juicio, no dependerá en lo absoluto del resultado de la consulta popular. La consulta sólo servirá para que López Obrador pueda hacer campaña electoral a favor de Morena y de sus candidatos. Nada más.
El 29 de agosto pasado, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo en la Cámara de Diputados que la consulta propuesta por el Presidente –y hoy avalada por la Suprema Corte- costará 8 mil millones de pesos y que conforme a la ley no puede realizarse en la misma fecha de las próximas elecciones intermedias del 6 de junio, sino hasta el primer domingo de agosto de 2021.
De acuerdo a la Ley de Consulta Popular, este proceso representa la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, número de casillas, número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, etcétera. Ya no pueden realizarse cambios debido a que en mayo pasado concluyó el plazo para efectuar reformas a la ley para ajustar el procedimiento.
El capricho presidencial obligará a que tengamos dos procesos electorales –una elección federal y una consulta popular- en menos de dos meses, realizando dos veces el mismo gasto millonario, ya que ambos se deben organizar con las mismas normas que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Legislativos.
¿Qué sigue? Luego de que la Corte declaró constitucional esta consulta popular y reformuló la pregunta, al día siguiente la turnó a la Comisión de Gobernación del Senado de la República –que fue quien hizo la consulta sobre su validez- y a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen. Este dictamen deberá ser aprobado por la mayoría de las dos cámaras del Congreso –Senadores y Diputados-, de lo contrario la consulta no podrá realizarse y se archivará como asunto total y definitivamente concluido.
Si en el Congreso se aprueba la petición, se expedirá la convocatoria de la consulta popular mediante un decreto, mismo que deberá notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es decir, aún falta el proceso legislativo, por lo que la decisión de la Corte no fue definitiva sino sólo respecto de su constitucionalidad.
Antes como ahora, la consulta sigue siendo un absurdo. En este momento, si el presidente López Obrador así lo decide y contara con las pruebas de lo que acusa, podría denunciar ante la Fiscalía General de la República a cualquiera de los expresidentes y de encontrar los elementos necesarios, tendrían que ser llevados a juicio sin mayor trámite.
Pero tal vez la mayor insensatez es despilfarrar 8 mil millones de pesos en medio de la peor crisis económica del país, justo en el momento en que el gobierno ha decidido recortar el presupuesto a los estados, a la compra de medicamentos para niños con cáncer, a la ciencia, tecnología e investigación, y hasta el cumplimiento de la agenda ambiental 20/30, el cambio climático y la atención de desastres naturales.
Los 8 mil mdp que costará la consulta popular equivale a cuatro veces el premio de la rifa del avión presidencial; a la tercera parte de toda inversión anual en ciencia y tecnología o la compra de 107 millones de dosis de la vacuna de Covid a un precio de 3 euros cada una. ¡De ese tamaño es el disparate!
Muestra además la hipocresía presidencial respecto del dinero público que se destina a las elecciones y los partidos políticos. El costo de la consulta será mil millones de pesos superior al total de lo que recibirán todos los partidos políticos durante el proceso electoral de 2021, el más grande de la historia del país.
Seguimos bajo un surrealismo trágico. Una rifa de un avión donde no se rifa el avión y una consulta para juzgar a expresidentes donde la pregunta no los menciona. Se trata de una nueva engañifa para que nos olvidemos del terrible manejo que la 4T le ha dado a la pandemia, lo que ha provocado miles de muertos, así como la desaparición de los 109 fideicomisos.
Diputado federal del PRI
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