Con grandes ideas de transformación y varias propuestas de reivindicación a los marginados hizo campaña y ganó de calle las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador...
Su resistencia y tozudez para ganar la Presidencia de la República son admirables y puede afirmarse que ya tiene asegurado un lugar en la historia de este país. Lo único que puede opacar su deseo de lograr la Cuarta Transformación de México es la prisa por cumplir sus ofertas de campaña, sin importar atropellar el orden jurídico vigente y las instituciones.
El poder que AMLO obtuvo democráticamente para alcanzar el calificativo de poder legítimo necesita demostrar que lo tiene, dictando órdenes y mandamientos políticos, cuyo contenido se ajuste al orden jurídico vigente y por consiguiente sea obedecido por todos los destinatarios de esos mandatos, fomentando la obediencia civil y el respeto a la autoridad.
En consecuencia, es el poder político el que fomenta la obediencia civil y el cumplimiento de las leyes, ya que el acatamiento de las leyes es obligatorio y la desobediencia es algo ilícito que debe ser severamente castigado. Es aquí donde el gabinete presidencial y el jefe de la Consejería Jurídica del presidente López Obrador tienen la obligación de “orientar y fundamentar” las decisiones del titular del Poder Ejecutivo, para evitar situaciones como la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El respeto que exigen los ministros de la Suprema Corte de Justicia es fundado en la Constitución federal, y la responsabilidad de esta confrontación de los poderes del Estado es atribuible también a los integrantes del Poder Legislativo (Cámaras de Diputados y Senadores), ya que al aprobar la Ley de Remuneraciones, para cumplir una orden del Poder Ejecutivo, violaron conscientemente diversas disposiciones vigentes de la Carta Magna.
A lo anterior hay que agregar el desprecio con que se ha tratado a las Fuerzas Armadas, las confrontaciones con empresarios e inversionistas privados, la cancelación del NAIM, la derogación de la Reforma Educativa, el encarecimiento de la canasta básica, de los servicios públicos (luz, agua, prediales) la gasolina y el diésel; y los asaltos, secuestros, levantones, homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, que si no se terminan nos conducirán a la resistencia civil y al Estado fallido.
