El sector ambiental, clave para la preservación del patrimonio natural en Veracruz, ha sido afectado por una reducción en el presupuesto estatal de 2024. Estos ajustes presupuestarios impactan en programas prioritarios para la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la evaluación del impacto ambiental en la entidad.
¿Cuánto disminuyó el Propuesto en el 2024?
De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos 2024, la inversión pública destinada al medio ambiente ha disminuido un 27 por ciento, pasando de 1,461 millones 994 mil 068 pesos en 2023 a 1,151 millones 219 mil 449 pesos.
Los fondos se distribuyen entre tres dependencias, siendo la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) la que recibe la mayor parte, con 859 millones 219 mil 449 pesos. Le siguen la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) con 200 millones y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) con 92 millones de pesos.
El presupuesto para cada programa
El programa de Protección al Medio Ambiente ha sufrido un drástico recorte del 37.2 por ciento, reduciendo su financiación de 453 millones 873 mil 803 pesos en 2023 a 330 millones 764 mil 372 pesos para el año en curso.
De manera similar, el programa Impacto Ambiental ve disminuido sus fondos en un 27. 5 por ciento, al pasar de 120 millones 812 mil 644 a 94 millones 732 mil 081 pesos en el actual ejercicio fiscal.
La Conservación de la Biodiversidad experimenta una reducción presupuestaria del 15.5 por ciento, disponiendo este año de 10 millones 034 mil 671 pesos
A pesar de estos recortes, se observa un incremento en los fondos destinados a combatir el cambio climático, con casi 2 millones de pesos asignados, representando un ligero aumento en comparación con el año anterior.
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Además, se introduce un nuevo programa para la Recreación de los Ecosistemas Marinos, dotado con más de 106 millones de pesos.
Este cambio en la asignación de recursos se produce tras un periodo de inversión relativamente alta en el sector ambiental durante el año fiscal 2023, lo que resalta la fluctuante priorización de la protección ambiental en la agenda estatal.
