/ domingo 17 de marzo de 2024

Denuncian destitución ilegal de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario

Representantes del sector agrario manifestaron que la falta de transparencia e irregularidades en el Tribunal Agrario ponen en ponen en riesgo la justicia en el 51% del territorio nacional

El Tribunal Superior Agrario debe informar sobre los motivos de la repentina destitución de la magistrada presidenta Larisa Ortiz Quintero, a solo tres meses de ocupar el cargo.

Así lo demandaron representantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, del Observatorio Agrario, la Liga de Abogados Primero de Diciembre y la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Afroamericanos.

Manifestaron que la destitución de Larisa Ortiz se dio de manera presuntamente ilegal. No hubo un proceso transparente ni explicación clara por parte del Tribunal Superior Agrario.

Para el presidente del Observatorio Agrario, Nayar Paredes, la designación de la nueva magistrada presidenta, Claudia Dinorah Velázquez González, “sembró incertidumbre en la justicia agraria del país". Por lo que "existen interrogantes sobre la transparencia en los procesos internos del Tribunal Superior Agrario lo que pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de sus decisiones”.

Refirió que el Tribunal Superior Agrario y la recientemente electa magistrada presidenta “se abstienen en forma inexplicable de hacer pública el acta de la Sesión del Pleno con fecha 5 de marzo de 2024”.

El abogado Nayar Paredes expuso que se deben exponer por escrito las consideraciones, justificaciones y motivaciones que llevaron a tal determinación, y cuestionó que "¿Cómo se puede confiar en un sistema de justicia que actúa con opacidad y sin respetar los principios básicos del Estado de Derecho?"

Además, en aras del fortalecimiento institucional, exhorto a los Tribunales Agrarios a que transparenten, justifiquen y legitimen a la nueva magistrada presidenta, para dar certeza a los campesinos del 51 por ciento del territorio nacional donde tienen jurisdicción agraria.

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E instó respetuosamente desde el Observatorio Agrario “a los magistrados de los Tribunales a que garanticen la institucionalidad, encuentren una salida jurídica pertinente, que devuelva certeza a estas instancias legales del país”.

En juego los derechos de pueblos indígenas y campesinos

El representante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, Sergio Soto, habló de la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad de las instituciones encargadas de administrar justicia, especialmente en un contexto donde los derechos de los pueblos indígenas y campesinos están en juego.

Argumentó que la destitución de Ortiz Quintero “fue ilegal porque no se le respetó su derecho de audiencia, ni el principio de motivar y fundamentar su destitución como magistrada presidenta para el período diciembre 2023 a diciembre 2026”.

“Tampoco tuvo debido proceso legal. Se le imposibilitó su derecho de defensa y aportar pruebas. No presentó su renuncia al cargo de Magistrada Presidenta, ni pidió licencia o se ausentó definitivamente para que se nombrara una nueva presidenta”.

Por su parte, Cirina Castillo, miembro de la Red Nacional de Mujeres Agraristas, a título personal, llamó a la unidad y solidaridad de todas las organizaciones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los pueblos indígenas y campesinos.

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“La transparencia y rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo.

El Tribunal Superior Agrario debe informar sobre los motivos de la repentina destitución de la magistrada presidenta Larisa Ortiz Quintero, a solo tres meses de ocupar el cargo.

Así lo demandaron representantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, del Observatorio Agrario, la Liga de Abogados Primero de Diciembre y la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Afroamericanos.

Manifestaron que la destitución de Larisa Ortiz se dio de manera presuntamente ilegal. No hubo un proceso transparente ni explicación clara por parte del Tribunal Superior Agrario.

Para el presidente del Observatorio Agrario, Nayar Paredes, la designación de la nueva magistrada presidenta, Claudia Dinorah Velázquez González, “sembró incertidumbre en la justicia agraria del país". Por lo que "existen interrogantes sobre la transparencia en los procesos internos del Tribunal Superior Agrario lo que pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de sus decisiones”.

Refirió que el Tribunal Superior Agrario y la recientemente electa magistrada presidenta “se abstienen en forma inexplicable de hacer pública el acta de la Sesión del Pleno con fecha 5 de marzo de 2024”.

El abogado Nayar Paredes expuso que se deben exponer por escrito las consideraciones, justificaciones y motivaciones que llevaron a tal determinación, y cuestionó que "¿Cómo se puede confiar en un sistema de justicia que actúa con opacidad y sin respetar los principios básicos del Estado de Derecho?"

Además, en aras del fortalecimiento institucional, exhorto a los Tribunales Agrarios a que transparenten, justifiquen y legitimen a la nueva magistrada presidenta, para dar certeza a los campesinos del 51 por ciento del territorio nacional donde tienen jurisdicción agraria.

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E instó respetuosamente desde el Observatorio Agrario “a los magistrados de los Tribunales a que garanticen la institucionalidad, encuentren una salida jurídica pertinente, que devuelva certeza a estas instancias legales del país”.

En juego los derechos de pueblos indígenas y campesinos

El representante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, Sergio Soto, habló de la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad de las instituciones encargadas de administrar justicia, especialmente en un contexto donde los derechos de los pueblos indígenas y campesinos están en juego.

Argumentó que la destitución de Ortiz Quintero “fue ilegal porque no se le respetó su derecho de audiencia, ni el principio de motivar y fundamentar su destitución como magistrada presidenta para el período diciembre 2023 a diciembre 2026”.

“Tampoco tuvo debido proceso legal. Se le imposibilitó su derecho de defensa y aportar pruebas. No presentó su renuncia al cargo de Magistrada Presidenta, ni pidió licencia o se ausentó definitivamente para que se nombrara una nueva presidenta”.

Por su parte, Cirina Castillo, miembro de la Red Nacional de Mujeres Agraristas, a título personal, llamó a la unidad y solidaridad de todas las organizaciones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los pueblos indígenas y campesinos.

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“La transparencia y rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo.

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