/ viernes 11 de agosto de 2023

Gobierno estatal está mal asesorado en administración de justicia, acusan abogados

La Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio Oral de Veracruz recomendó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez rectificar sobre el tema

Veracruz, Ver.- La Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio Oral de Veracruz se pronunció en contra de la postura asumida por el Gobierno de Veracruz e instituciones responsables de la impartición de justicia, sobre los amparos para suspender la prisión preventiva en los casos de personas que no están imputadas por delitos graves.

El presidente de dicha agrupación, Rafael Gómez Zacarías señala que tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como las titulares de la Fiscalía General del Estado, así como del Poder Judicial del Estado, están mal asesorados en este sentido y es la razón por la que se han pronunciado en contra de los resolutivos de amparo emitidos por jueces del Consejo de la Judicatura Federal.

Recuerda que México se encuentra inscrito a diversos tratados y organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió diversas disposiciones que combaten la prisión preventiva, ya que se considera como una medida cautelar lesiva para las personas vinculadas a algún proceso y a las que no se les ha demostrado ser culpables.

Incluso, señala que las recomendaciones de la CIDH fueron generadas después de dos sentencias emitidas por una persona que estuvo en prisión preventiva 17 años, sin una sentencia y otro caso de 2022, de dos veracruzanos detenidos injustamente y encarcelados.

“México ratificó el Pacto José de Costa Rica en 1981 y lo aceptó en 1998, la competencia contenciosa. México reconoce la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los estados que forman parte de la convención están comprometidos a respetar los derechos humanos y bajo ese tema consideramos que el Gobierno del Estado está mal asesorado”, declara.

¿Qué opinan sobre los amparos otorgados por jueces federales?

En ese sentido, asevera que los amparos otorgados por los jueces federales se tratan de resoluciones que se apegan a derecho y que no son un acto “chueco”, como han descrito las propias autoridades del Gobierno de Veracruz.

“Gracias a las resoluciones y artículos que habían sido creados a la gente ya no la van a tener en prisión preventiva oficiosa, sino que le van a dar la oportunidad de salir, aunque esté bajo proceso. Le podrán dar la oportunidad de trabajar y llevar la defensa. Que el gobierno no critique la labor de los juzgados de distrito”.

En ese tenor, recomendó al gobernador de Veracruz rectificar sobre el tema y atender los argumentos de grupos de abogados, que son especialistas en la materia.

Veracruz, Ver.- La Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio Oral de Veracruz se pronunció en contra de la postura asumida por el Gobierno de Veracruz e instituciones responsables de la impartición de justicia, sobre los amparos para suspender la prisión preventiva en los casos de personas que no están imputadas por delitos graves.

El presidente de dicha agrupación, Rafael Gómez Zacarías señala que tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como las titulares de la Fiscalía General del Estado, así como del Poder Judicial del Estado, están mal asesorados en este sentido y es la razón por la que se han pronunciado en contra de los resolutivos de amparo emitidos por jueces del Consejo de la Judicatura Federal.

Recuerda que México se encuentra inscrito a diversos tratados y organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió diversas disposiciones que combaten la prisión preventiva, ya que se considera como una medida cautelar lesiva para las personas vinculadas a algún proceso y a las que no se les ha demostrado ser culpables.

Incluso, señala que las recomendaciones de la CIDH fueron generadas después de dos sentencias emitidas por una persona que estuvo en prisión preventiva 17 años, sin una sentencia y otro caso de 2022, de dos veracruzanos detenidos injustamente y encarcelados.

“México ratificó el Pacto José de Costa Rica en 1981 y lo aceptó en 1998, la competencia contenciosa. México reconoce la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los estados que forman parte de la convención están comprometidos a respetar los derechos humanos y bajo ese tema consideramos que el Gobierno del Estado está mal asesorado”, declara.

¿Qué opinan sobre los amparos otorgados por jueces federales?

En ese sentido, asevera que los amparos otorgados por los jueces federales se tratan de resoluciones que se apegan a derecho y que no son un acto “chueco”, como han descrito las propias autoridades del Gobierno de Veracruz.

“Gracias a las resoluciones y artículos que habían sido creados a la gente ya no la van a tener en prisión preventiva oficiosa, sino que le van a dar la oportunidad de salir, aunque esté bajo proceso. Le podrán dar la oportunidad de trabajar y llevar la defensa. Que el gobierno no critique la labor de los juzgados de distrito”.

En ese tenor, recomendó al gobernador de Veracruz rectificar sobre el tema y atender los argumentos de grupos de abogados, que son especialistas en la materia.

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