El diputado secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Tito Delfín Cano, señaló que por no tener la autorización de la Legislatura, la capacitación que reciban los policías municipales para Xalapa en la ciudad de Puebla carece de legalidad jurídica.
Indicó que el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, puso en riesgo los recursos federales destinados para la capacitación de policías municipales, ya que al mandarlos a la Academia de Policía de Puebla sin la autorización del Congreso local no cuentan con la legalidad jurídica para constituirse.
“Es como si alguien fuera a una escuela que no cuenta con los permisos ante las instancias de educación y por tanto no podrá titularse”, dijo.
Mencionó que la decisión del alcalde podría verse como un posible desvío de recursos y en un caso extremo tendría que devolver los recursos enviados por la Federación para este tema.
“Si el ayuntamiento hace pagos de un recurso que no está autorizado se puede considerar desvío y estaría en riesgo de que tuviera que devolver el recurso porque jurídicamente no es válido”, expuso.
Destacó que podría darse el caso de que alguna persona detenida por los policías municipales, pueda argumentar defensa, ya que no cumplieron con las formalidades para ser llamados policías y lograr su libertad.
“Un policía que no cumple con el requisito generaría que cualquier persona detenida pueda usarlo como defensa jurídica para alegar que no es un policía que legalmente exista porque no cumplió con los requisitos”, expresó.
Pese a ello, reconoció que a partir del próximo 5 de noviembre Morena, partido a cargo del ayuntamiento de Xalapa, tendrá mayoría en el Congreso local y podrían “corregir” este error.
Es importante mencionar que los diputados locales no aprobaron al ayuntamiento de Xalapa realizar el convenio con la Academia de Policía de Puebla, a fin de capacitar a los elementos policiacos en esa ciudad, por la inconsistencia en los costos que se debía cubrir por cada elemento y ante ello el presidente municipal decidió enviarlos sin contar con el aval de la Legislatura.
