/ sábado 30 de abril de 2022

Explotó esta empresa hace 31 años y aún no hay justicia ni remediación

Ninguna víctima ha recibido apoyo para atender sus tratamientos contra el cáncer, señalan activistas

El próximo 3 de mayo se cumplirán 31 años de la explosión de la fábrica de Agricultura Nacional de Veracruz S. A, mejor conocida como Anaversa, una de las catástrofes medioambientales más grandes México.

El 3 de mayo de 1991 un cortocircuito provocó que la fábrica de fertilizantes Anaversa explotara, liberando millones de toxinas y dioxinas provenientes de los productos químicos que manipulaban en el proceso de fabricación de fertilizantes, los cuales eran altamente contaminantes para el medio ambiente y para los más de 50 mil ciudadanos que fueron expuestos de manera directa a estas sustancias químicas.

“Nosotros escuchamos una explosión fuerte y todos los vecinos salimos de inmediato a ver qué estaba pasando, fue cuando vimos una nube de polvo gris en toda esta zona y la humazón saliendo de la fabrica”, comenta Tomás Barrada Rivera, vecino del barrio de las estaciones desde hace más de 30 años y testigo del siniestro.

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En aquel entonces tenía cerca de 26 años, sin embargo, recuerda ese momento como si hubiera sido ayer: “la gente empezó a correr, algunos se caían, pero pocos se levantaban, entre vecinos nos echábamos la mano, jalábamos a quienes se caían en la calle. A la gente se le ponía negra la piel”.

“Muchos, a la fecha, siguen teniendo cáncer. Aquí adelante hay una muchachita que nació sin un brazo, el carnicero de aquí enfrente, que ya también murió, se le hicieron hoyos en la piel, como si se le estuviera cayendo la carne. Muchos han fallecido de cáncer después de la explosión”, relata Barrada Rivera.


La cifra oficial de afectados fue de 1,500 personas, comenta Rosalinda Huerta Rivadeneyra, presidenta de la Asociación Afectados por Anaversa, misma que surgió a raíz de ese incidente para exigir la atención de las autoridades locales, estatales y federales y de las que ya muy pocos miembros quedan toda vez que algunos han ido muriendo con el paso de los años.

Señala que tal parece que las autoridades municipales, estatales y federales le han apostado al olvido social antes de hacerse responsables y ordenar verdaderos trabajos de remediación en la zona, lo cuales eviten que las dioxinas y toxinas que fueron liberadas sigan esparciéndose en el medio ambiente.

“Nosotros llegamos a este 31 aniversario con fuerza suficiente para alzar la voz y exigir que se marque una pauta de diferencia en el trato, hay algo muy importante que es que Anaversa está ubicada en un lugar que se considera, oficialmente por Semarnat, desde hace muchos años, como peligro ambiental, sin embargo, está abandonado y a la venta por parte de los propietarios”, dice.

Señala que a 31 años del accidente, lo único que piden es justicia ambiental que permita resarcir el daño ocasionado aquel 3 de mayo de 1991, “lo que queremos es justicia remediativa, más que otra cosa, si a los dueños de la empresa les aplicaron la ley, como debió haberse aplicado en aquel entonces, nos devolverían la vida de una sola víctima; de los niños, de los ancianos, de toda la gente que no recibió la atención”.

Víctimas sin recibir apoyo

Rosalinda Huerta Rivadeneyra y Tomás Barrada coinciden en que hasta ahora ninguna de las víctimas ha recibido el apoyo de las autoridades para atender su salud, a pesar de que después de 1991 los casos de cáncer y malformaciones congénitas en la zona empezaron a notar con mayor frecuencia.

Relatan que al año de la explosión se ordenó la integración de un fideicomiso que permitiera detectar a las posibles víctimas de la explosión a fin de brindarles apoyo, incluso se logró que el Gobierno del Estado girara un cheque por 100 millones de viejos pesos al gobierno municipal, dinero que jamás llegó a los verdaderos afectados.

“Hay un documento donde instruye al gobierno municipal a integrar el fideicomiso, pero ese dinero se destinó, según declararon en un programa de televisión, para la compra de la reja del parque Paso Coyol, toda vez que se consideró que la causa de Anaversa ya había caducado”, dice.

Anaversa es una historia de corrupción, de complicidad, es un crimen de estado impune, sin justicia para las víctimas

"Las personas tenían que haberse analizado su sangre y grasa y eso solamente lo hacían en Estados Unidos y costaba miles de dólares. Nadie tenía acceso a esos estudios” puntualiza.

Abandonan el edificio

A pesar de que algunos investigadores han señalado que los muros, el suelo y la herrería del edificó que albergó Anaversa, ubicado en la Avenida 11, siguen contaminados molecularmente, el inmueble luce en el abandono y está a la venta.



Durante la administración municipal antepasada 2014-2017, las autoridades municipales habían considerado la posibilidad de construir un mercado, por lo que algunos muros fueron derribados, informaron algunos vecinos.

Aseguran que fueron más de 20 camiones de carga llenos de material lo que se sacó del inmueble y nadie supo dónde lo fueron a dejar y, sobre todo, qué repercusiones pudo generar. Actualmente, el edificio está enmontado y en total abandono y con varios letreros de estar a la venta.

Rosalinda Huerta Rivadeyra señala que a 31 años de aquel accidente ambiental la Asociación de Afectados se ha unido para solicitar a las autoridades locales que el 3 de mayo sea una fecha para conmemorar y que se declare un Día de Luto Municipal en memoria de quienes han perdido la vida.

“También pedimos que el gobierno federal pida perdón a las víctimas por haber sido omiso en la aplicación de medidas para evitar que el espacio continue siendo un riesgo latente para quienes viven cerca del inmueble y en colonias circunvecinas y, lo más importante, que se haga la remediación ambiental del lugar para quitar el estigma sobre la zona” , agrega.

Autoridades prometieron hacer un mercado en el sitio pero nunca llegó la obra | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Viviendo con el enemigo

Ese suceso cambió la vida de cientos de familias que vivían a los alrededores, sin embargo, han aprendido a convivir con esa situación, pues a pesar de los riesgos “no hay de otra”, pues las familias no tienen a dónde ir, dice Alma Aquino, quien lleva más de 15 años viviendo a un costado.

El próximo 3 de mayo se cumplirán 31 años de la explosión de la fábrica de Agricultura Nacional de Veracruz S. A, mejor conocida como Anaversa, una de las catástrofes medioambientales más grandes México.

El 3 de mayo de 1991 un cortocircuito provocó que la fábrica de fertilizantes Anaversa explotara, liberando millones de toxinas y dioxinas provenientes de los productos químicos que manipulaban en el proceso de fabricación de fertilizantes, los cuales eran altamente contaminantes para el medio ambiente y para los más de 50 mil ciudadanos que fueron expuestos de manera directa a estas sustancias químicas.

“Nosotros escuchamos una explosión fuerte y todos los vecinos salimos de inmediato a ver qué estaba pasando, fue cuando vimos una nube de polvo gris en toda esta zona y la humazón saliendo de la fabrica”, comenta Tomás Barrada Rivera, vecino del barrio de las estaciones desde hace más de 30 años y testigo del siniestro.

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En aquel entonces tenía cerca de 26 años, sin embargo, recuerda ese momento como si hubiera sido ayer: “la gente empezó a correr, algunos se caían, pero pocos se levantaban, entre vecinos nos echábamos la mano, jalábamos a quienes se caían en la calle. A la gente se le ponía negra la piel”.

“Muchos, a la fecha, siguen teniendo cáncer. Aquí adelante hay una muchachita que nació sin un brazo, el carnicero de aquí enfrente, que ya también murió, se le hicieron hoyos en la piel, como si se le estuviera cayendo la carne. Muchos han fallecido de cáncer después de la explosión”, relata Barrada Rivera.


La cifra oficial de afectados fue de 1,500 personas, comenta Rosalinda Huerta Rivadeneyra, presidenta de la Asociación Afectados por Anaversa, misma que surgió a raíz de ese incidente para exigir la atención de las autoridades locales, estatales y federales y de las que ya muy pocos miembros quedan toda vez que algunos han ido muriendo con el paso de los años.

Señala que tal parece que las autoridades municipales, estatales y federales le han apostado al olvido social antes de hacerse responsables y ordenar verdaderos trabajos de remediación en la zona, lo cuales eviten que las dioxinas y toxinas que fueron liberadas sigan esparciéndose en el medio ambiente.

“Nosotros llegamos a este 31 aniversario con fuerza suficiente para alzar la voz y exigir que se marque una pauta de diferencia en el trato, hay algo muy importante que es que Anaversa está ubicada en un lugar que se considera, oficialmente por Semarnat, desde hace muchos años, como peligro ambiental, sin embargo, está abandonado y a la venta por parte de los propietarios”, dice.

Señala que a 31 años del accidente, lo único que piden es justicia ambiental que permita resarcir el daño ocasionado aquel 3 de mayo de 1991, “lo que queremos es justicia remediativa, más que otra cosa, si a los dueños de la empresa les aplicaron la ley, como debió haberse aplicado en aquel entonces, nos devolverían la vida de una sola víctima; de los niños, de los ancianos, de toda la gente que no recibió la atención”.

Víctimas sin recibir apoyo

Rosalinda Huerta Rivadeneyra y Tomás Barrada coinciden en que hasta ahora ninguna de las víctimas ha recibido el apoyo de las autoridades para atender su salud, a pesar de que después de 1991 los casos de cáncer y malformaciones congénitas en la zona empezaron a notar con mayor frecuencia.

Relatan que al año de la explosión se ordenó la integración de un fideicomiso que permitiera detectar a las posibles víctimas de la explosión a fin de brindarles apoyo, incluso se logró que el Gobierno del Estado girara un cheque por 100 millones de viejos pesos al gobierno municipal, dinero que jamás llegó a los verdaderos afectados.

“Hay un documento donde instruye al gobierno municipal a integrar el fideicomiso, pero ese dinero se destinó, según declararon en un programa de televisión, para la compra de la reja del parque Paso Coyol, toda vez que se consideró que la causa de Anaversa ya había caducado”, dice.

Anaversa es una historia de corrupción, de complicidad, es un crimen de estado impune, sin justicia para las víctimas

"Las personas tenían que haberse analizado su sangre y grasa y eso solamente lo hacían en Estados Unidos y costaba miles de dólares. Nadie tenía acceso a esos estudios” puntualiza.

Abandonan el edificio

A pesar de que algunos investigadores han señalado que los muros, el suelo y la herrería del edificó que albergó Anaversa, ubicado en la Avenida 11, siguen contaminados molecularmente, el inmueble luce en el abandono y está a la venta.



Durante la administración municipal antepasada 2014-2017, las autoridades municipales habían considerado la posibilidad de construir un mercado, por lo que algunos muros fueron derribados, informaron algunos vecinos.

Aseguran que fueron más de 20 camiones de carga llenos de material lo que se sacó del inmueble y nadie supo dónde lo fueron a dejar y, sobre todo, qué repercusiones pudo generar. Actualmente, el edificio está enmontado y en total abandono y con varios letreros de estar a la venta.

Rosalinda Huerta Rivadeyra señala que a 31 años de aquel accidente ambiental la Asociación de Afectados se ha unido para solicitar a las autoridades locales que el 3 de mayo sea una fecha para conmemorar y que se declare un Día de Luto Municipal en memoria de quienes han perdido la vida.

“También pedimos que el gobierno federal pida perdón a las víctimas por haber sido omiso en la aplicación de medidas para evitar que el espacio continue siendo un riesgo latente para quienes viven cerca del inmueble y en colonias circunvecinas y, lo más importante, que se haga la remediación ambiental del lugar para quitar el estigma sobre la zona” , agrega.

Autoridades prometieron hacer un mercado en el sitio pero nunca llegó la obra | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Viviendo con el enemigo

Ese suceso cambió la vida de cientos de familias que vivían a los alrededores, sin embargo, han aprendido a convivir con esa situación, pues a pesar de los riesgos “no hay de otra”, pues las familias no tienen a dónde ir, dice Alma Aquino, quien lleva más de 15 años viviendo a un costado.

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