La violencia sexual en contra de niñas y adolescentes no ha cesado y va en aumento, ante la aparente falta de apoyo de organismos e instituciones encargadas de protegerlas, dicen Araceli González Saavedra y Adriana Fuentes, integrantes del colectivo Equifonía.
Precisaron que, de acuerdo con fuentes oficiales, durante 2022 en la entidad se registraron 747 nacimientos en niñas de 10 a 14 años y que fueron 48 casos más en comparación de los registrados en el 2021.
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Durante el año pasado, solo 6 niñas víctimas de pederastia recibieron el servicio de interrupción voluntaria del embarazo durante el primer trimestre porque les fueron dados a conocer sus derechos.
Sin embargo, detallaron que en cinco de ellas se usó el procedimiento de legrado uterino instrumental, técnica no recomendada para ese número de semanas de gestación por el propio Programa de Aborto Seguro de los Servicios de Salud de Veracruz.
En conferencia de prensa, abundaron que lo anterior representa un indicador de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, además de que las instancias y organismo encargados de protegerlas no cumplen con sus encomiendas, incluidas la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud.
También dijeron que en más de la mitad de los casos las niñas llegan a los servicios de salud cuando cursan el primer trimestre de embarazo y que persiste el desconocimiento o trato negligente por parte del personal de salud, ya que no se toman las medidas necesarias para garantizarles protección integral.
¿Qué hacer cuando se sabe sobre un caso de abuso en contra de menores?
Precisaron que en cada caso en donde exista sospecha o evidencia de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes se debe dar aviso inmediato a las Procuradurías Municipales encargadas de protegerlas para que se garantice la restitución de los derechos que les fueron vulnerados.
También señalaron que se debería proceder en contra del personal médico que atiende a niñas menores de 15 años con diagnóstico de embarazo y que les niegan información sobre su derecho a la justicia y a la interrupción del embarazo.
Con lo anterior, manifestaron, se restringe o niega a las menores su derecho al libre desarrollo de la personalidad y favorecen a que se prolongue el daño sufrido al ser víctimas de violencia sexual, pues se les impone la maternidad.
Precisaron que para que las niñas víctimas de pederastia y con diagnóstico de embarazo sean atendidas de manera oportuna y con servicios de calidad, debe considerarse una prioridad la actualización del personal médico que brinda el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, además de que el sector salud debe contar con los insumos necesarios para el procedimiento de aborto médico y de aspiración manual endouterina.
Incluso, agregaron, se requiere fortalecer el papel de los Ayuntamientos, a través de la intervención de las Procuradurías Municipales de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues pueden asumir la representación legal de las víctimas de pederastia en aquellos casos donde los padres sean los agresores o sus cómplices.
