Ediles del ayuntamiento de Villa Aldama se deslindaron de los hechos delictivos que se registraron la madrugada de este jueves en el palacio municipal de parte de pobladores del municipio contra la alcaldesa del Partido Encuentro Solidario (PES), Guadalupe Romero Sánchez.
En conferencia de prensa, realizada en la capital veracruzana, el síndico Fidel Hernández Gutiérrez, la regidora primera Joaquina Contreras Platas y el regidor segundo Marcos López Cruz, aseguraron que no están detrás de los hechos, pese a las acusaciones que se hizo desde la administración municipal.
¿Qué pasó en Villa Aldama?
Ante medios de comunicación los ediles del mismo partido que la edil, aseguraron que las manifestaciones fueron ocasionadas por la inconformidad de los pobladores, quienes buscan destituir a la munícipe por supuestas irregularidades con obras públicas en su administración.
Señalaron que la alcaldesa supuestamente presume obras “fantasma” y mantiene otras sin concluir, lo que podría ser un “posible desvío de recursos”.
Al exigir una auditoría a la alcaldesa, aseveraron desconocer el origen de la movilización en el municipio, ya que como ediles sólo piden transparencia y rendición de cuentas dentro de sus atribuciones.
Al respecto, manifestaron que la presidenta municipal les ha negado información sobre el manejo de las finanzas y ha obstaculizado sus cargos.
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“Quienes nos encontramos aquí presentes ante la falta de información a relación a las cuentas bancarias no aprobamos el último cuatrimestre del 2023 de los estados financieros, situación que fundamos y motivamos al Orfis y al Congreso del Estado por escrito, tal y como se advierte en los causes correspondientes”, expusieron.
De manera pública pidieron una auditoría especial en relación a las cuentas bancarias y la obra pública, sin embargo, dijo que ambas autoridades han sido omisas a su solicitud y continúan a la espera de una respuesta.
Destacaron que el propósito de esta denuncia es que aclaren las cosas, que se trabaje en beneficio de los habitantes de Villa Aldama y que se respete la ley.
“Nosotros nos hemos regido conforme a la ley y nosotros contamos con los acuses donde hemos llevado tanto al Orfis, como al Congreso. No aprobamos un informe, no aprobamos los estados de cuenta, no aprobamos el corte de caja. Nosotros al presentarnos la información no nos agregan el soporte documental”, expusieron.
Problemas son desde antes
En octubre de 2023 el Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó que toda la comunicación que se realice entre la alcaldesa Guadalupe Romero Sánchez y los integrantes del Cabildo sea de manera escrita.
La Comisión de Quejas y Denuncias del organismo determinó medidas cautelares a favor de la alcaldesa, quien denunció violencia política en razón de género de parte de los ediles que integran el ayuntamiento. La decisión de la Comisión tendrá que ser votada en el Consejo General del organismo.
Las medidas cautelares que impuso el organismo tuvieron como objetivo evitar que las conductas de agresiones se repitan, toda vez que la alcaldesa denunció que era vigilada por los integrantes del Cabildo.
Romero Sánchez denunció que tenía colocada una “cámara espía” en su oficina; además de que se le presiona para expedir nombramientos; se le amenaza e intimida al personal que colabora con ella y se le obliga a destituirlos; se llevan a cabo reuniones de trabajo sin su consentimiento; en las sesiones de Cabildo se incluyen puntos sin previa circulación, y sus compañeros ediles se toman atribuciones que no les competen.
La alcaldesa señaló como responsables de la violencia a Fidel Hernández Gutiérrez, Joaquina Contreras Platas y Marcos López Cruz, síndico, regidora primera y regidor segundo del Ayuntamiento, del extinto Partido Encuentro Solidario.
En el análisis, los consejeros consideraron que el ayuntamiento de Villa Aldama se repiten esquemas patriarcales, misóginos y discriminatorios por razón de género; por lo anterior, pidieron a los ediles abstenerse de realizar acciones o expresiones tendientes a vulnerar el derecho humano de la alcaldesa.
De la misma forma, se determinó que deben abstenerse de coaccionar e intimidar a su círculo cercano y hacer comentarios basados en estereotipos de género en contra de la denunciante.
Por ello, la comunicación o contactos con la alcaldesa tiene que ser por escrito sin que ello signifique que no se puedan celebrar sesiones de Cabildo ni asistir a eventos oficiales, pero deberá prevalecer un ambiente libre de violencia.
