La educación inclusiva es un derecho fundamental y como tal debe garantizarse, promoverse, respetarse y protegerse, además de ser un medio para hacer efectivos los derechos humanos (DDHH), enfatizó Heroy Muñoz Gómez, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana (UV).
En el marco del 1er Foro “Determinantes sociales de la salud y educación para las personas con discapacidad”, impartió la conferencia “Derecho a la educación superior inclusiva: retos y perspectivas”, en el Taller 1 de la Facultad de Pedagogía de esta casa de estudios.
Con respecto a la educación inclusiva, mencionó que la Ley General de Educación Superior (LGES) establece en su Artículo 61 el conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.
Asimismo, se basa en la valoración de la diversidad para adaptar el sistema y responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes.
“Es un principio que valora el bienestar de todos los alumnos y reconoce sus necesidades, por lo que es considerado un derecho llave pues abre todos los demás”, subrayó Muñoz Gómez.
Igualmente, señaló, la normatividad marca que las instituciones de educación superior (IES) deben combatir –en todo momento– los tipos y modalidades de discriminación y violencia, ya que las personas en situación de vulnerabilidad pueden sufrirlas con mayor frecuencia.
Hay tres elementos a destacar de la LGES: uno, su enfoque de DDHH, el cual señala que las instituciones tienen la obligación de garantizarlos, protegerlos, respetarlos y promoverlos; dos, la igualdad sustantiva, es decir, todas las personas son iguales ante la ley, y tres, el principio de inclusión se refiere a que las IES deben tener espacios para integrar a todas las personas.
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Los retos de la educación superior en materia de inclusión son: fortalecimiento de los valores y los principios, porque ayudan a comprender que las dinámicas sociales pueden no ser las adecuadas; el enfoque interseccional, el cual permite ver y comprender las características y particularidades de las personas que son discriminadas, y el establecimiento de acciones afirmativas para garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad de los estudiantes en condición de discapacidad en las universidades.
“Las instituciones deben conformar equipos multidisciplinarios para atender las necesidades de las personas con discapacidad. No debemos pensar en el pasado para garantizar los derechos en el futuro.”
