/ martes 30 de octubre de 2018

En 5 años, 5 mil 943 casos de abuso sexual a niños, en Veracruz

La CEAV reporta que la falta de estadísticas reales para conocer la magnitud de víctimas de violencia sexual “es un elemento que contribuye a la impunidad"

En cinco años se han reportado más de 11 mil víctimas de delitos sexuales; el 52% tenía menos de 15 años de edad.

En Veracruz durante cinco años fueron consignadas un total de 11 mil 390 averiguaciones previas por casos de delito sexual, de los cuales 52.2% (5 mil 943) de las personas que figuran como víctimas tenían entre 0 y 15 años de edad.

De acuerdo con el Informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el periodo 2010-2015 se registraron 5 mil 943 casos de delitos sexuales contra menores de 15 años de edad: 5 mil 098 correspondieron a mujeres y 845 a hombres.

Durante este mismo periodo la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que del total de 11 mil 390 averiguaciones previas por casos de delito sexual, el de pederastia destacó con 4 mil 553 denuncias, de los cuales 4 mil 145 fueron cometidos contra mujeres y 359 de las víctimas fueron hombres.

Asimismo, en el diagnóstico cuantitativo de la violencia sexual en el país se identificó que es en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Nuevo León y Veracruz donde se concentra el mayor número de personas que figuran como víctimas en averiguaciones previas de delitos sexuales.

La CEAV apunta que esto no implica que en estas entidades federativas ocurran más delitos sexuales, más bien “podría ser que los mecanismos para la integración de las averiguaciones previas sean un poco más eficientes o que existan más denuncias en estas entidades federativas”.

FALTA DE CIFRAS REALES

En su informe la CEAV reporta que la falta de estadísticas reales para conocer la magnitud de víctimas de violencia sexual “es un elemento que contribuye a la impunidad, ya que la sociedad en general no está enterada de la gravedad del problema porque no se le dan a conocer los datos”.

De esta manera, “la impunidad envía el mensaje de que agresores y responsables no serán procesados, no serán enjuiciados y no serán castigados, lo que contribuye a que los agresores continúen cometiendo actos violentos y que las víctimas no denuncien ni confíen en las instituciones de procuración e impartición de justicia”.


Por ejemplo, explica, la escasa información brindada por las secretarías de educación evidencia que las acciones de detección de la violencia sexual en el ámbito docente son débiles o nulas. “En el ámbito docente la atención parece estar concentrada en la detección y atención del bullying, sin que siquiera se reflexione sobre las prácticas de violencia sexual que están implicadas en el acoso escolar”.

Agrega que llama la atención que personal de algunas secretarías de educación mostraron cierto nivel de ingenuidad o negación, pues plantearon en entrevistas que posiblemente si no existen reportes es porque no se han presentado casos.

Cabe mencionar que para la elaboración del informe de la CEAV las secretarías estatales de educación de 20 entidades federativas, entre ellas la de Veracruz, reportaron que no cuentan con ninguna denuncia de violencia sexual.

Lo anterior, señala la Comisión, se trata de graves omisiones en el deber del estado de atender la violencia sexual, pues en particular en el entorno escolar se dan relaciones de suprasubordinación que colocan en alto riesgo a las víctimas y obstaculizan las posibilidades de denuncia.

LAS DENUNCIAS

Dentro del trabajo de campo realizado para integrar el “Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México”, el personal de Agencias de Ministerio Público señaló algunas de las dificultades que enfrenta al integrar averiguaciones previas por delitos sexuales: falta de testigos, contradicciones y vaguedad en las declaraciones, ausencia de pruebas cuando no hay violencia física, entre otras”.

“Estos delitos por su naturaleza no es susceptible de que haya testigos, siempre los cometen en lugares ocultos”, se narra en las entrevistas. Y en caso de los menores refiere: “También en caso de niños, que no pueden decir las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Un niño de 3 y 4 años ¿cómo te va a decir eso fue el 3 de mayo de 1900 tantos, y en ese mismo orden de ideas?, y casi así lo quieren los jueces”.


La CEAV refiere que las niñas y niños son un grupo particularmente vulnerable frente a la comisión de prácticas de violencia sexual, tanto en el ámbito familiar como en espacios educativos e institucionales, en que ha destacado la denuncia de la violencia sexual perpetrada por autoridades (personal docente, sacerdotes), conocida comúnmente como pederastia y estupro.

ABUSO SEXUAL EN ESCUELAS

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), organización que ha documentado casos de abuso sexual en niños y niñas en escuelas, particularmente en la Ciudad de México, señala la omisión dolosa por parte de las autoridades, “pues a pesar de los casos documentados no se han modificado las prácticas de las autoridades educativas”.

La omisión dolosa, como acto intencionado de evitar que las cosas cambien, tiene muchas implicaciones: desde perder evidencias elementales para la investigación, la identificación de los posibles responsables, donde prevalece la protección y encubrimiento; y por otra parte, pese a tener alguna señal de alerta, ésta no sea atendida.

De acuerdo con el director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez García, en cualquier institución escolar, ya sea pública o privada, las autoridades educativas son las responsables de lo que sucede al interior. “Suele intencionarse como culpa de los padres o de la familia cuando los niños son víctimas de algún hecho de violencia sea física o sexual, y esto es totalmente responsabilidad de las autoridades”.


Al respecto, subraya que no hay prevención ni actitud de buscar una sanción a los responsables o cambiar las formas de dar respuesta frente a hechos de violencia, “se conocen sólo los casos documentados en medios, aunque es muy posible que ocurran muchos otros, pero que no fueron del conocimiento público y las respuestas de las autoridades a las familias se vea limitada”.

También detalla que las autoridades educativas para evitar un conflicto o un escándalo prefieren que los niños sean víctimas, en lugar de hacerlo público, lo cual está asociado con la impunidad.

“Cuando las autoridades de procuración de justicia intervienen para investigar no siempre logran encontrar los rastros porque no cuentan con el soporte de las autoridades educativas, debido a la omisión, complicidad o negligencia, y esto se traduce en expedientes frágiles, lo cual permite a las personas quedar libres”, refiere.

Para la REDIM es urgente que las autoridades educativas trabajen en tres aspectos fundamentales: 1) Tener programas de educación sexual con niñas y niños pequeños para ayudarles a entender que sus cuerpos no pueden ser tocados por nadie; 2) Revisar el personal que está en servicio y cambiar el proceso de selección que permita garantizar que son personas con estabilidad emocional y cualidades profesionales que amerita el puesto, donde lo más deseable es tener controles de confianza periódicas.

Y como tercer punto es necesario construir entornos seguros junto con la familia y la comunidad educativa, los cuales representan mecanismos de protección entre los profesores, autoridades administrativas, entre los propios niños y niñas, de tal manera que puedan alertarse frente a riesgos que puedan ocurrir o cambios en el entorno, lo cual “esto tristemente no ha sucedido, han existido muchos de estos casos y se sigue teniendo la misma respuesta frente a la emergencia, excepto cuando es un caso mediático”.


LEYES EDUCATIVAS

La REDIM ha llamado al Poder Legislativo para realizar cambios en la Ley General de Educación y en las leyes relativas, los cuales deben incorporarse formalmente en la legislación y normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que la escuela sea un entorno seguro y garante de la seguridad física y sexual de todos los niños y las niñas.

Dichos cambios apuntan a la necesidad de contar desde la ley con mecanismos de control para el personal, protocolos de alertas en caso de maltrato o violencia donde las autoridades pueda dar un atención apropiada, así como comités escolares donde se incluya la participación de niños y niñas, padres y madres de familia, en conjunto con las autoridades educativas.

Dentro de los modelos educativos más avanzados, conocidos como “escuelas de cristal”, por la transparencia que se aplica dentro de su operación, se pondera que todos los procedimientos de contratación de personal, la respuesta frente a cualquier acontecimiento, son de conocimiento de los padres y madres de familia, lo cual significa que cualquier actuación de la autoridad está a disposición de los implicados, esto facilita que el proceso de protección a los menores sea más desde una lógica de observación de la contraloría ciudadana.

Finalmente, de acuerdo con la organización Save the Children, la violencia sexual hacia niños y niñas es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los menores que lo sufren, “sólo ha empezado a considerarse como un problema cuando se ha reconocido su impacto y la consecuencia negativa que tienen en el desarrollo de los niños o niñas víctimas, y cuando se ha reconocido al niño como sujeto de derechos”.

En cinco años se han reportado más de 11 mil víctimas de delitos sexuales; el 52% tenía menos de 15 años de edad.

En Veracruz durante cinco años fueron consignadas un total de 11 mil 390 averiguaciones previas por casos de delito sexual, de los cuales 52.2% (5 mil 943) de las personas que figuran como víctimas tenían entre 0 y 15 años de edad.

De acuerdo con el Informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el periodo 2010-2015 se registraron 5 mil 943 casos de delitos sexuales contra menores de 15 años de edad: 5 mil 098 correspondieron a mujeres y 845 a hombres.

Durante este mismo periodo la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que del total de 11 mil 390 averiguaciones previas por casos de delito sexual, el de pederastia destacó con 4 mil 553 denuncias, de los cuales 4 mil 145 fueron cometidos contra mujeres y 359 de las víctimas fueron hombres.

Asimismo, en el diagnóstico cuantitativo de la violencia sexual en el país se identificó que es en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Nuevo León y Veracruz donde se concentra el mayor número de personas que figuran como víctimas en averiguaciones previas de delitos sexuales.

La CEAV apunta que esto no implica que en estas entidades federativas ocurran más delitos sexuales, más bien “podría ser que los mecanismos para la integración de las averiguaciones previas sean un poco más eficientes o que existan más denuncias en estas entidades federativas”.

FALTA DE CIFRAS REALES

En su informe la CEAV reporta que la falta de estadísticas reales para conocer la magnitud de víctimas de violencia sexual “es un elemento que contribuye a la impunidad, ya que la sociedad en general no está enterada de la gravedad del problema porque no se le dan a conocer los datos”.

De esta manera, “la impunidad envía el mensaje de que agresores y responsables no serán procesados, no serán enjuiciados y no serán castigados, lo que contribuye a que los agresores continúen cometiendo actos violentos y que las víctimas no denuncien ni confíen en las instituciones de procuración e impartición de justicia”.


Por ejemplo, explica, la escasa información brindada por las secretarías de educación evidencia que las acciones de detección de la violencia sexual en el ámbito docente son débiles o nulas. “En el ámbito docente la atención parece estar concentrada en la detección y atención del bullying, sin que siquiera se reflexione sobre las prácticas de violencia sexual que están implicadas en el acoso escolar”.

Agrega que llama la atención que personal de algunas secretarías de educación mostraron cierto nivel de ingenuidad o negación, pues plantearon en entrevistas que posiblemente si no existen reportes es porque no se han presentado casos.

Cabe mencionar que para la elaboración del informe de la CEAV las secretarías estatales de educación de 20 entidades federativas, entre ellas la de Veracruz, reportaron que no cuentan con ninguna denuncia de violencia sexual.

Lo anterior, señala la Comisión, se trata de graves omisiones en el deber del estado de atender la violencia sexual, pues en particular en el entorno escolar se dan relaciones de suprasubordinación que colocan en alto riesgo a las víctimas y obstaculizan las posibilidades de denuncia.

LAS DENUNCIAS

Dentro del trabajo de campo realizado para integrar el “Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México”, el personal de Agencias de Ministerio Público señaló algunas de las dificultades que enfrenta al integrar averiguaciones previas por delitos sexuales: falta de testigos, contradicciones y vaguedad en las declaraciones, ausencia de pruebas cuando no hay violencia física, entre otras”.

“Estos delitos por su naturaleza no es susceptible de que haya testigos, siempre los cometen en lugares ocultos”, se narra en las entrevistas. Y en caso de los menores refiere: “También en caso de niños, que no pueden decir las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Un niño de 3 y 4 años ¿cómo te va a decir eso fue el 3 de mayo de 1900 tantos, y en ese mismo orden de ideas?, y casi así lo quieren los jueces”.


La CEAV refiere que las niñas y niños son un grupo particularmente vulnerable frente a la comisión de prácticas de violencia sexual, tanto en el ámbito familiar como en espacios educativos e institucionales, en que ha destacado la denuncia de la violencia sexual perpetrada por autoridades (personal docente, sacerdotes), conocida comúnmente como pederastia y estupro.

ABUSO SEXUAL EN ESCUELAS

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), organización que ha documentado casos de abuso sexual en niños y niñas en escuelas, particularmente en la Ciudad de México, señala la omisión dolosa por parte de las autoridades, “pues a pesar de los casos documentados no se han modificado las prácticas de las autoridades educativas”.

La omisión dolosa, como acto intencionado de evitar que las cosas cambien, tiene muchas implicaciones: desde perder evidencias elementales para la investigación, la identificación de los posibles responsables, donde prevalece la protección y encubrimiento; y por otra parte, pese a tener alguna señal de alerta, ésta no sea atendida.

De acuerdo con el director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez García, en cualquier institución escolar, ya sea pública o privada, las autoridades educativas son las responsables de lo que sucede al interior. “Suele intencionarse como culpa de los padres o de la familia cuando los niños son víctimas de algún hecho de violencia sea física o sexual, y esto es totalmente responsabilidad de las autoridades”.


Al respecto, subraya que no hay prevención ni actitud de buscar una sanción a los responsables o cambiar las formas de dar respuesta frente a hechos de violencia, “se conocen sólo los casos documentados en medios, aunque es muy posible que ocurran muchos otros, pero que no fueron del conocimiento público y las respuestas de las autoridades a las familias se vea limitada”.

También detalla que las autoridades educativas para evitar un conflicto o un escándalo prefieren que los niños sean víctimas, en lugar de hacerlo público, lo cual está asociado con la impunidad.

“Cuando las autoridades de procuración de justicia intervienen para investigar no siempre logran encontrar los rastros porque no cuentan con el soporte de las autoridades educativas, debido a la omisión, complicidad o negligencia, y esto se traduce en expedientes frágiles, lo cual permite a las personas quedar libres”, refiere.

Para la REDIM es urgente que las autoridades educativas trabajen en tres aspectos fundamentales: 1) Tener programas de educación sexual con niñas y niños pequeños para ayudarles a entender que sus cuerpos no pueden ser tocados por nadie; 2) Revisar el personal que está en servicio y cambiar el proceso de selección que permita garantizar que son personas con estabilidad emocional y cualidades profesionales que amerita el puesto, donde lo más deseable es tener controles de confianza periódicas.

Y como tercer punto es necesario construir entornos seguros junto con la familia y la comunidad educativa, los cuales representan mecanismos de protección entre los profesores, autoridades administrativas, entre los propios niños y niñas, de tal manera que puedan alertarse frente a riesgos que puedan ocurrir o cambios en el entorno, lo cual “esto tristemente no ha sucedido, han existido muchos de estos casos y se sigue teniendo la misma respuesta frente a la emergencia, excepto cuando es un caso mediático”.


LEYES EDUCATIVAS

La REDIM ha llamado al Poder Legislativo para realizar cambios en la Ley General de Educación y en las leyes relativas, los cuales deben incorporarse formalmente en la legislación y normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que la escuela sea un entorno seguro y garante de la seguridad física y sexual de todos los niños y las niñas.

Dichos cambios apuntan a la necesidad de contar desde la ley con mecanismos de control para el personal, protocolos de alertas en caso de maltrato o violencia donde las autoridades pueda dar un atención apropiada, así como comités escolares donde se incluya la participación de niños y niñas, padres y madres de familia, en conjunto con las autoridades educativas.

Dentro de los modelos educativos más avanzados, conocidos como “escuelas de cristal”, por la transparencia que se aplica dentro de su operación, se pondera que todos los procedimientos de contratación de personal, la respuesta frente a cualquier acontecimiento, son de conocimiento de los padres y madres de familia, lo cual significa que cualquier actuación de la autoridad está a disposición de los implicados, esto facilita que el proceso de protección a los menores sea más desde una lógica de observación de la contraloría ciudadana.

Finalmente, de acuerdo con la organización Save the Children, la violencia sexual hacia niños y niñas es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los menores que lo sufren, “sólo ha empezado a considerarse como un problema cuando se ha reconocido su impacto y la consecuencia negativa que tienen en el desarrollo de los niños o niñas víctimas, y cuando se ha reconocido al niño como sujeto de derechos”.

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