El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, afirma que serán los tribunales quienes se encargarán de determinar lo que sucederá con la construcción de la Torre Centro del puerto de Veracruz al reiterar que fue realizada sin ninguna autorización por las autoridades competentes y que no hay documentación alguna para poder realizarla en materia de Protección Civil y Medio Ambiente.

Durante la comparecencia ante el Congreso Local y ante la pregunta expresa del diputado Paul Martínez Marie explica que ésta obra contaba con una opinión de improcedencia de evaluación en materia de impacto ambiental y derivado de la denuncia ciudadana y conforme las facultades que otorga el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, se procedió a hacer una revisión oficiosa del expediente y del documento expedido por la SEDEMA, encontrándose que no cumplía con los requisitos de validez, por lo que se declaró la nulidad y revocación.

“Se consideró que los servidores públicos en funciones al momento de emitir la opinión de improcedencia de la avaluación de impacto ambiental, no atendieron a los expresamente circulado por la norma; es decir no se respetó la voluntad del legislador en la Ley Estatal de Protección Ambiental de la obligación de evaluar todas aquellas obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico”.

El funcionario estatal refiere que se llevó a cabo la inspección de la obra y se encontraron diversas irregularidades por lo que procedieron a la clausura del obra el 19 de agosto del año en curso; ante ello el propietario de la obra presentó una demanda de amparo ante los juzgados federales en contra de la SEDEMA y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, reclamando la clausura de la obra, pero el juez federal se encontraba impedido para conocer del asunto en razón de la línea de parentesco que lo une al quejoso de quien además adquirió el inmueble.

“Excusándose no sin antes haber concedido la medida cautelar a efecto de que se retiraran los sellos de las clausuras favoreciendo el interés económico de un particular por encima del interés público, al medio ambiente sano”.

Explica que existe actualmente un juicio contencioso administrativo promovido por un particular colindante quien se duele de la afectación a su patrimonio por la construcción del edificio, demanda que derivó en un mandato judicial como medida de protección para que suspendiera la obra y que se ejecutó por parte de la Secretaría de Protección Civil y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente el pasado 12 de noviembre.

“Por lo que de igual manera serán los tribunales los que determinarán lo que en derecho proceda, por lo que esta secretaría estará a lo que mandate el juez federal como el Tribunal de Justicia Administrativa”.