/ viernes 26 de agosto de 2022

Por daños patrimoniales, Manuel Rosendo deberá pagar más de 25 mdp: ORFIS

De igual forma se confirma la validez de la sanción impuesta por el ORFIS a Manuel Rosendo Pelayo y otros ex servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla

De acuerdo al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) el exalcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, deberá pagar más de 25 millones de pesos por daños patrimoniales causados durante su administración municipal en el periodo 2014-2017.

La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, dio a conocer que se promovieron dos acciones legales, una administrativa y otra penal, en contra de dicha administración municipal.

En materia penal, dijo, se presentó la correspondiente denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, derivando en la Carpeta de Investigación número FGE/FIM/F2/C.I./155/2018, por un presunto daño patrimonial del orden de 16 millones 664 mil 016.17 pesos.

Por lo que respecta a la materia administrativa, este año la Primera Sala Unitaria del TEJAV dictó acuerdo en el expediente 343/2018/1a-IV por el que determinó que ha causado ejecutoria la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020.

Lo anterior, significa que no existe medio de impugnación alguno que pueda promover el ente fiscalizado, confirmándose la validez de la sanción impuesta por el ORFIS a Manuel Rosendo Pelayo y otros ex servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla por un monto total de 25 millones 829 mil 225.06 pesos.

Dicha cantidad se compone de 16 millones 664 mil 016.17 pesos correspondientes al daño patrimonial derivado de la fiscalización superior y 9 millones 165 mil 208.89 pesos de sanción.

Además, la Auditora señaló que se tiene un expediente de investigación bajo el número ORFIS/DGAJ/SI/093/2018 del que derivarán otras responsabilidades.

Destacó que en los Decretos de los ejercicios 2014 y 2015, el Congreso del Estado aprobó los informes del resultado del municipio de San Andrés Tuxtla sin determinar daño patrimonial, por lo que el ORFIS no tiene asuntos pendientes por atender al respecto.

"Los procedimientos de fiscalización y el seguimiento al resultados requieren de exhaustividad en las diligencias que se realizan", comentó en torno a los procedimientos instruidos por el ORFIS en contra de mencionada administración municipal.

¿Quién es Manuel Rosendo Pelayo?

Manuel Rosendo Pelayo ocupó la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla del 2014 al 2017 abanderado por el PRI.

El año pasado fue candidato a la presidencia municipal por la alianza "Va por Veracruz", integrada por los partidos políticos PRI-PAN-PRD. Con ello, pretendía repetir su cargo como alcalde de San Andrés Tuxtla.

En agosto de 2017, ya como alcalde electo de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, dio a conocer que Rosendo Pelayo le heredó una deuda de 100 millones 809 mil 954 pesos, la cual presuntamente se generó tras la adquisición de un crédito.

El exalcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo ocupó la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla del 2014 al 2017 abanderado por el PRI | Foto: Archivo | Diario de Xalapa / Foto: Archivo

De acuerdo con Pérez Garay su antecesor recibió una deuda de 20 millones de pesos cuando inició su período como alcalde, sin embargo, la aumentó cinco veces para el final de su administración.

A principios del 2018 Pérez Garay denunció a Manuel Rosendo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por otorgar un contrato de 36 millones de pesos a una empresa fantasma.

El contrato fue otorgado en 2015 a la empresa "Luminarias de Veracruz S.A. de C.V.", con domicilio en una casa de la ciudad de Boca del Río y supuestamente ligada a la familia del exgobernador Javier Duarte.

La cantidad del contrato fue de 36 millones 934 mil 730 pesos, por la entrega e instalación de más de 5 mil luminarias, que durante la administración de Pérez Garay fueron consideradas como defectuosas. Únicamente se comprobó la instalación de 3 mil 400 luminarias.

Además, Pérez Garay hizo pública una orden de embargo emprendida por la empresa Liconsa en enero de 2018 por 1 millón 740 mil 636 pesos, cantidad correspondiente a 600 mil cajitas de leche entregadas a la administración de Rosendo Pelayo en su último año de gestión.

En septiembre de 2017 con el uso de una orden judicial Liconsa solicitó el pago de la deuda a Rosendo Pelayo sin obtener respuesta del edil.

En junio de 2018, cuando era candidato del PVEM a la diputación federal por Los Tuxtlas, interpuso la demanda de amparo 173/2018 ante la juez Marisol Barajas Cruz por dichas acusaciones. Tras ello, la deuda fue cubierta por la administración de Pérez Garay.

Casi un año después, el 10 de abril de 2019, Rosendo Pelayo fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, fue puesto en libertad minutos después tras mostrar un amparo federal.

Su detención se debió a la denuncia que interpuso en su contra Octavio Pérez Garay por otorgarle el contrato que otorgó a la empresa fantasma "Luminarias de Veracruz S.A. de C.V.".

El exalcalde fue liberado al contar con el amparo indirecto 289/2019-I-A, mismo que le fue otorgado por un juez federal del Décimo Quinto Distrito de Xalapa, con fecha de acuerdo del 9 de abril de 2019.

De acuerdo al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) el exalcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, deberá pagar más de 25 millones de pesos por daños patrimoniales causados durante su administración municipal en el periodo 2014-2017.

La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, dio a conocer que se promovieron dos acciones legales, una administrativa y otra penal, en contra de dicha administración municipal.

En materia penal, dijo, se presentó la correspondiente denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, derivando en la Carpeta de Investigación número FGE/FIM/F2/C.I./155/2018, por un presunto daño patrimonial del orden de 16 millones 664 mil 016.17 pesos.

Por lo que respecta a la materia administrativa, este año la Primera Sala Unitaria del TEJAV dictó acuerdo en el expediente 343/2018/1a-IV por el que determinó que ha causado ejecutoria la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020.

Lo anterior, significa que no existe medio de impugnación alguno que pueda promover el ente fiscalizado, confirmándose la validez de la sanción impuesta por el ORFIS a Manuel Rosendo Pelayo y otros ex servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla por un monto total de 25 millones 829 mil 225.06 pesos.

Dicha cantidad se compone de 16 millones 664 mil 016.17 pesos correspondientes al daño patrimonial derivado de la fiscalización superior y 9 millones 165 mil 208.89 pesos de sanción.

Además, la Auditora señaló que se tiene un expediente de investigación bajo el número ORFIS/DGAJ/SI/093/2018 del que derivarán otras responsabilidades.

Destacó que en los Decretos de los ejercicios 2014 y 2015, el Congreso del Estado aprobó los informes del resultado del municipio de San Andrés Tuxtla sin determinar daño patrimonial, por lo que el ORFIS no tiene asuntos pendientes por atender al respecto.

"Los procedimientos de fiscalización y el seguimiento al resultados requieren de exhaustividad en las diligencias que se realizan", comentó en torno a los procedimientos instruidos por el ORFIS en contra de mencionada administración municipal.

¿Quién es Manuel Rosendo Pelayo?

Manuel Rosendo Pelayo ocupó la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla del 2014 al 2017 abanderado por el PRI.

El año pasado fue candidato a la presidencia municipal por la alianza "Va por Veracruz", integrada por los partidos políticos PRI-PAN-PRD. Con ello, pretendía repetir su cargo como alcalde de San Andrés Tuxtla.

En agosto de 2017, ya como alcalde electo de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, dio a conocer que Rosendo Pelayo le heredó una deuda de 100 millones 809 mil 954 pesos, la cual presuntamente se generó tras la adquisición de un crédito.

El exalcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo ocupó la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla del 2014 al 2017 abanderado por el PRI | Foto: Archivo | Diario de Xalapa / Foto: Archivo

De acuerdo con Pérez Garay su antecesor recibió una deuda de 20 millones de pesos cuando inició su período como alcalde, sin embargo, la aumentó cinco veces para el final de su administración.

A principios del 2018 Pérez Garay denunció a Manuel Rosendo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por otorgar un contrato de 36 millones de pesos a una empresa fantasma.

El contrato fue otorgado en 2015 a la empresa "Luminarias de Veracruz S.A. de C.V.", con domicilio en una casa de la ciudad de Boca del Río y supuestamente ligada a la familia del exgobernador Javier Duarte.

La cantidad del contrato fue de 36 millones 934 mil 730 pesos, por la entrega e instalación de más de 5 mil luminarias, que durante la administración de Pérez Garay fueron consideradas como defectuosas. Únicamente se comprobó la instalación de 3 mil 400 luminarias.

Además, Pérez Garay hizo pública una orden de embargo emprendida por la empresa Liconsa en enero de 2018 por 1 millón 740 mil 636 pesos, cantidad correspondiente a 600 mil cajitas de leche entregadas a la administración de Rosendo Pelayo en su último año de gestión.

En septiembre de 2017 con el uso de una orden judicial Liconsa solicitó el pago de la deuda a Rosendo Pelayo sin obtener respuesta del edil.

En junio de 2018, cuando era candidato del PVEM a la diputación federal por Los Tuxtlas, interpuso la demanda de amparo 173/2018 ante la juez Marisol Barajas Cruz por dichas acusaciones. Tras ello, la deuda fue cubierta por la administración de Pérez Garay.

Casi un año después, el 10 de abril de 2019, Rosendo Pelayo fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, fue puesto en libertad minutos después tras mostrar un amparo federal.

Su detención se debió a la denuncia que interpuso en su contra Octavio Pérez Garay por otorgarle el contrato que otorgó a la empresa fantasma "Luminarias de Veracruz S.A. de C.V.".

El exalcalde fue liberado al contar con el amparo indirecto 289/2019-I-A, mismo que le fue otorgado por un juez federal del Décimo Quinto Distrito de Xalapa, con fecha de acuerdo del 9 de abril de 2019.

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