XALAPA, Ver.- La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, señaló que la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, podría ser inhabilitada para desempeñar cualquier función pública, ser separada del cargo e incluso ser denunciada penalmente por el incumplimiento de los amparos que jueces federales otorgaron a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero para ser restituidos en su puesto.
En conferencia de prensa indicó que el Poder Judicial de la Federación está facultado para hacer del conocimiento del Ministerio Público federal el desacato de la magistrada y actuar en consecuencia.
“Está sujeta a sanciones de tipo penal por no acatar los amparos porque los jueces a nosotros como autoridades nos dicen que cumplamos con ello y se tiene un plazo legal. Le dieron tres días (para cumplir con el amparo), plazo que venció esta semana. Podrían aplicarse penas como la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público o ser separada del cargo”, dijo.
Refirió que, además, Martínez Huerta incumple con la carrera judicial que se requiere para ser presidenta del Poder Judicial y ha hecho caso omiso a los acuerdos establecidos en el pleno.
“Esta persona nunca ha sido juez y no ha tenido el compromiso de cumplir amparo, además de que la Ley de Transparencia establece que todos los funcionarios públicos deben informar su trayectoria judicial y en este caso la señora no ha presentado su curriculum. En la ley Orgánica del Poder Judicial se establece en el artículo 41 qué es la carrera judicial y esta comienza desde el cargo de actuario, secretario de juzgado hasta llegar a ser juez de primera instancia y después magistrado, no se está cumpliendo por parte de ella la carrera judicial”, expuso.
Destacó que como presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura está obligada a cumplir con las resoluciones de los jueces federales.
Recordó que el pasado 13 de julio en sesión plenaria se acordó que se presentaría una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local por el que se aprobaron las vacantes de dos magistrados por cumplir 70 años de edad.
Dicho acuerdo, dijo, se ratificó el 5 de agosto también en el pleno, teniendo hasta este viernes para presentar el recurso ante la Suprema Corte.
“Todos los presidentes deben cumplir con los acuerdos del pleno, ha sido una persona que se ha escondido, anda jugando a las escondidas para no cumplir con las decisiones del pleno. Se trata de un acuerdo plenario, incluso ella fue lo que lo sugirió. Tengo 48 años de trabajar en el Poder Judicial y es la primera vez que veo que no se quiere cumplir un amparo, los amparos se cumplen porque es una orden”, agregó.