Al dar a conocer que algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pedían cuotas de 500 y hasta mil 500 pesos a trabajadoras sexuales ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas, el presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas Hernández, señaló que tras una reunión realizada con el titular de dicha dependencia se acordó que los policías apliquen un protocolo especial de atención a quienes integran dicha comunidad.
Indicó que se logró dicho acuerdo con el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, luego de trabajadoras sexuales denunciaran que eran víctimas de acosos, extorsiones e intimidación por parte de elementos policiales.
Refirió que a la fecha se tienen alrededor de 30 denuncias en contra de elementos de dicha dependencia, por lo que se logró el inicio de la implementación del protocolo de atención a la población de la diversidad sexual, mismo que debió aplicarse desde el año pasado porque se publicó el 26 de agosto de 2019.
Puntualizó que las 30 denuncias se encuentran en Asuntos Internos de la dependencia, por lo que no han llegado a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Confió en que el acuerdo con las autoridades de la SSP garantizará que los policías reciban capacitación con el programa municipal en atención a las personas de la comunidad, “lo que manifestamos fue que ya se manejara una policía gay friendly a favor de la diversidad, como la Policía Municipal, inclusive con el distintivo, con las calcomanías, con un número de teléfono de denuncia. Esos acuerdos se pusieron en la mesa. También habrá sanciones ya para los operativos".
En torno a las extorsiones que las trabajadoras sexuales han denunciado de parte de los elementos policiales, mencionó que en ocasiones cuando subían al automóvil de un cliente y alguna patrulla estaba cerca los uniformados extorsionaban a la persona que solicitaba el servicio y bajaban del vehículo a la chica.
“Cuando suben con su cliente estaba la patrulla y a la siguiente cuadra bajaban a la chica, al cliente que veían ahí lo extorsionaban porque algunos eran funcionarios públicos, lo tengo que decir, entonces ahí es donde abusan los operativos. Se les pide piso, entre 500 y mil 500", expuso.
Comentó que esta situación viene de años atrás; sin embargo, no se habían realizado las denuncias por temor a represalias, “algunas nos han dicho que los elementos las siguen hasta su casa, les dicen que ya saben dónde viven, quién es su familia y por eso no denuncian”.
Finalmente, dijo que no todas las autoridades tienen el compromiso de atender las dejas de los integrantes de la comunidad y aunque existen avances, éstos son insuficientes.
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