Organizaciones y sociedad civil no permitiremos que las mujeres y las niñas en especial sigan siendo criminalizadas porque el Estado no les garantiza el poder interrumpir de forma legal y segura los embarazos, sobre todo cuando éstos son consecuencia de la violencia sexual, afirmó Rodolfo Domínguez Márquez, representante de Justicia y Derechos Humanos.
“Más de 500 niñas de entre 10 y 14 años de edad han sido obligadas a parir, eso es tortura porque no solamente se pone en riesgo la vida de las mujeres y las niñas sino también su salud de por vida. El Estado, sobre todo en Veracruz, no ha cumplido porque hasta ahora han transcurrido cinco meses desde que se decretó la alerta de género por agravio comparado y no sabemos qué está haciendo el Gobierno del Estado para proteger a las mujeres y las niñas, no sabemos cuáles son sus planes para el cumplimiento de las recomendaciones pero seguiremos exigiendo y esto no parará hasta que garanticemos el acceso a los servicios de salud para las mujeres en Veracruz”, aseveró durante la realización del foro “Situación de las mujeres y sus derechos reproductivos en Veracruz a la luz de la alerta por agravio comparado”.
El ponente manifestó que la cifra fue presentada al solicitar a Conavim la declaratoria de alerta de género y que corresponde al año 2015. “Nos dimensiona la problemática que vive la entidad: 500 niñas sólo en un año es una cifra que desgraciadamente no tenemos actualizada por falta de información del Estado, pero por documentación propia hemos podido registrar y dar seguimiento a casos en donde persiste la situación de mujeres embarazadas producto de violación, mujeres a las que no les ha garantizado el acceso a la interrupción legal del embarazo”, manifestó.
