Las personas dedicadas al trabajo sexual son sometidas a procesos estigmatizantes tales como controles sanitarios, pruebas obligatorias de VIH y otros tipos de infecciones de transmisión sexual, así lo demuestran los informes proporcionados por ayuntamientos veracruzanos, a través de solicitudes de transparencia.
El ayuntamiento de Coatzacoalcos indica que durante el presente año ha retomado las actividades de “vigilancia epidemiológica al sector de profilaxis (meretrices)”, labor que se detuvo durante la administración municipal anterior debido, principalmente, a la pandemia de Covid-19.
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Para este año, menciona el informe, se han registrado 33 personas trabajadoras sexuales que laboran en la zona del malecón costero, en “zona antigua”, así como en algunos bares y cantinas.
Como parte del programa de salud pública municipal, en Coatzacoalcos se desarrollan campañas de difusión y distribución del uso correcto del preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual, así como campañas de detección de VIH, sífilis y hepatitis.
En materia de control sanitario dirigido a los y las trabajadoras sexuales, las autoridades municipales de Coatzacoalcos elaboraron una tarjeta de Salud Pública Municipal, que además de folio de control, contiene teléfono para cualquier denuncia de maltrato por parte de algún servidor público.
Por su parte, durante el periodo 1 de enero al 26 de septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Córdoba registró a 51 personas “que utilizan actividades sexuales y/o corpóreas de estimulación sexual”, refiere en respuesta a la solicitud con folio 300546122000248.
¿En qué sitios desarrollan sus actividades?
El 90 por ciento de las personas trabajadoras sexuales, según informes de la Coordinación de Salud Municipal, realiza sus actividades en hoteles, moteles y similares; el resto, en establecimientos como bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas y similares.
La Jefatura de Salud Municipal precisa que –en cumplimiento con el Reglamento de Salud Municipal, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 18 de septiembre de 2019– lleva a cabo acciones de fomento sanitario y emisión de Carnet de Control Sanitario a las personas trabajadoras sexuales.
De igual manera, en Orizaba se tienen registradas a 39 trabajadoras sexuales que se ubican en el centro de la ciudad. “Aunque hay más trabajadoras sexuales que no se encuentran dadas de alta”, precisa la Jefatura de Salud Municipal.
Asimismo, dio a conocer que, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número VII de Orizaba, realizan campañas de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, en las que se invita a participar a las trabajadoras sexuales.
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Detalla que “se lleva un control sanitario donde cada dos meses (las personas trabajadoras sexuales) se deben realizar estudios de VDRL, exudado vaginal y, cada seis meses, VIH. Se les proporciona un tarjetón donde se lleva el control de sus citas, en las cuales se les entregan preservativos”.
¿Cómo se protege la integridad de los trabajadores sexuales?
Además, la autoridad municipal informa que mantiene recorridos durante la zona en que laboran las y los trabajadores sexuales, desde mediodía hasta las 04:00 de la tarde, en caso de incidentes o quejas por parte de este sector, el cual es canalizado al Instituto Municipal de las Mujeres.
En el municipio de Minatitlán se tiene un padrón conformado por 750 personas trabajadoras sexuales (al respecto, las autoridades sanitarias municipales las identifica en labores de meretrices, meseras, cocineras, vigilantes, bailarinas y encargados).
Sin embargo, para este año, han sido confirmados 380 trabajadoras y trabajadores sexuales activos.
En esta ciudad del sureste veracruzano, las personas trabajadoras sexuales se ubican en la zona centro, en las colonias Playón Sur, Santa Clara, Nueva Mina, La Bomba, Buenavista Norte, Insurgentes Norte, Rosalinda, Ejido Tacoteno, así como en la avenida Justo Sierra y bulevar Institutos Tecnológicos.
También, según el informe oficial, las autoridades municipales aplican, sobre las personas trabajadoras sexuales, el citado control sanitario.
“Se aplica el programa de control sanitario (profilaxis) llevándoles su control con notas médicas para contar con un antecedente médico de cada meretriz”, explica la Jefatura de Salud.
También la autoridad municipal brinda, a esta población, pláticas sobre enfermedades de transmisión sexual, se les realiza exploración ginecológica mensualmente para erradicar ETS y evitar “fatalidades en cada trabajador”.
A través de Salud Pública Municipal, en coordinación con la Dirección de Ingresos, el Ayuntamiento extiende una tarjeta sanitaria a cada trabajador o trabajadora sexual, con la información de su fecha de citas, revisión ginecológica y solicitudes de estudios de laboratorio.
En el municipio de Tuxpan, la Dirección de Salud y Asistencia Pública informó que tiene registrada la denominación “trabajadoras de bares y cantinas” a cinco mujeres, sobre quienes mantienen control sanitario obligatorio.
Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal de Poza Rica reportó contar con un registro de 40 personas trabajadoras sexuales que cumplen con control sanitario obligatorio, “conforme a los artículos 148 y 149 del Reglamento de Sanidad para el Municipio de Poza Rica”.
Además, este municipio lleva a cabo la credencialización de personas trabajadoras sexuales mediante la expedición de “Tarjetas de Salud”, conforme el citado reglamento.
Aunque en ciudades como Veracruz y Xalapa, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han visibilizado las situaciones que enfrentan los y las trabajadores sexuales en estos municipios, los gobiernos actuales afirman no contar con información sobre esta población.
En Xalapa, por ejemplo, el grupo Las Amazonas (que en 2002 aglutinaba a casi 100 personas trabajadoras sexuales), aún mantiene su presencia en la ciudad.
Los servicios de salud
Expertos en salud apuntan que las personas trabajadoras sexuales son una población vulnerable que enfrentan riesgos de mortalidad prematura. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios sobre la salud de este sector se centra en la morbilidad, particularmente en el VIH.
De igual manera advierten que las condiciones de salud de esta población han sido poco estudiadas.
Al respecto, la revista científica The Lancet informó que las morbilidades que pueden aumentar el riesgo de mortalidad de las personas trabajadoras sexuales incluyen, entre otras, el VIH, las enfermedades cardiovasculares, el abuso físico y sexual, los problemas de salud mental y el consumo de drogas.
Documenta que el riesgo de que las personas trabajadoras sexuales enfrenten situaciones adversas para la salud, incluida la mortalidad, “se ve exacerbado por las barreras a la atención que experimentan”.
Estas barreras de acceso incluyen la distancia a los servicios de atención médica, los medios financieros limitados, el miedo a estar expuesto, la falta de confidencialidad y el trato discriminatorio por parte de los proveedores de atención médica.
"Tales barreras también disminuyen el acceso a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción, lo que puede resultar en embarazos no deseados. Porque muchas personas no revelan su empleo como trabajadoras sexuales a sus familias y muchos emigran lejos de ellas, por lo tanto, pueden no saber sobre sus muertes o tener información precisa sobre las circunstancias que rodean sus muertes”, destaca el estudio científico.
Al requerir información sobre los servicios brindados por la Secretaría de Salud del Estado a esta población, la dependencia respondió no contar con datos relacionados con personas trabajadoras sexuales en la entidad.
Asimismo, la Dirección de Salud Pública del Estado destacó que los programas implementados en los Servicios de Salud de Veracruz se encuentran establecidos y dirigidos a la población en general.
El trabajo sexual
Es importante precisar que las personas trabajadoras sexuales integran a hombres y a mujeres, incluidas personas trans, adultos y jóvenes mayores de 18 años, que consienten recibir dinero o bienes a cambio de servicios sexuales.
A diferencia del trabajo sexual, en la trata de personas no hay consentimiento o el consentimiento es obligado a través del uso de la fuerza y la coacción, mientras el trabajo sexual se realiza para obtener dinero o bienes con un mayor consentimiento de la persona.
También en informes de transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal coinciden en señalar que el Estado debe reconocer el trabajo sexual como un trabajo y reglamentarlo en beneficio de las y los trabajadores sexuales y sus clientes.
Asimismo, subrayan, el Estado no deben obligar a las personas que realizan trabajo sexual a hacerse pruebas de VIH ni de otros tipos de infecciones de transmisión sexual.
La detección del VIH y las ITS debe ser con consentimiento informado, realizada de manera voluntaria, con la entrega de los resultados de manera confidencial, siempre dentro de un proceso que respeta los derechos humanos de las personas.
Agregan que las autoridades proveedoras de atención médica deben distribuir de manera gratuita condones (de buena calidad) y lubricantes a las personas que realizan trabajo sexual, a través de un proceso no estigmatizante, así como garantizar su acceso de manera regular u ocasional al tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.
La discriminación
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) detalla que durante los años 2020, 2021 y lo que va 2022 –a través de actividades de vinculación y promoción de los derechos humanos–, ha identificado que las problemáticas que aquejan a las personas trabajadoras sexuales continúan siendo las siguientes: extorsión por parte del crimen organizado y por parte de personal policiaco para poder ejercer el trabajo sexual en las calles, violencia verbal y física ejercida por parte de comerciantes en espacios en donde históricamente se ha ejercido el trabajo sexual.
Además de la falta de acceso a insumos de prevención del VIH y otras ITS, criminalización del trabajo sexual e implementación del “control sanitario” por parte de gobiernos municipales, comisión de delitos como lesiones, homicidio y feminicidio por parte de algunos clientes y clientas, cierre de establecimientos mercantiles como hoteles y moteles, no entrega de credenciales de personas trabajadoras no asalariadas, entre otras.
Las problemáticas descritas implican –señala el Conapred– impulsar actividades de vinculación directa con las autoridades o personas servidoras públicas, cuando se trate de asuntos que pudieren solventarse a través de reuniones de trabajo, mediando entre la autoridad y las personas trabajadoras sexuales presuntamente agraviadas.
Cuando se trata de una presunta violación a derechos humanos o un presunto acto de discriminación atribuido a personas servidoras públicas, se continuará orientando a las personas presuntamente agraviadas a presentar un escrito de queja en los organismos de derechos humanos a efecto de que se investigue lo ocurrido.
Si se trata de la presunta comisión de un delito, evidentemente se le orientará a la persona a interponer una denuncia ante una Agencia del Ministerio Público.
Los testimonios
Orizaba, Ver.- Luego de dos años de pandemia, el llamado oficio más antiguo del mundo está de vuelta, intacto y con ganas de recuperar el tiempo perdido.
Lorena lo practica; tiene alrededor de 30 años, y dice que desde los 17 ya trabajaba en la calle para ganar dinero y sostener a su familia.
"No manches manito, me las vi negras, está bien cañona la situación, durante la pandemia del Covid 19 no había clientes”, precisa.
La “Lore”, como es conocida, señala que apenas se están recuperando del tiempo perdido.
Según ella: “Ahorita diciembre es lo bueno, el frío nos trae más clientes y hay más lana”, confía.
“Hasta subí de peso, yo era más delgadita, pero con eso de que no había chamba, la mayoría de las compañeras engordó”, dice. “A ver ahora de donde sacamos ropa porque no tenemos ni para comprar”, sonríe.
Y es que Lore necesita un mínimo de 500 pesos por día, tiene que cubrir muchos gastos y deudas que le ha dejado la pandemia, pero además sigue con su familia y es la principal generadora de ingresos.
“De hecho soy la única, mi madre lava ajeno, pero lo que gana no nos alcanza para mucho, y yo apenas estoy volviendo al jale”, describe.
“El hambre tiene cara de perro, la necesidad nos hacía exponernos porque a pesar de usar las medidas de seguridad e higiene necesarias no dejábamos de estar en riesgo a la hora de estar con otra persona, que tú no sabes si está bien o está enfermo”.
Al levantarse las medidas restrictivas impuestas por el Covid-19, Lore ha recuperado su lugar en céntricas calles de la ciudad, y con ello tiene la esperanza de mejorar su economía, un trabajo al que Lorena le dedica más de 12 horas, al iniciar sus actividades alrededor de las 3 de la tarde y terminar en muchas de las ocasiones en la madrugada del día siguiente.
¿A qué peligros se ha enfrentado Lorena?
“Nada es fácil en esta vida, y menos en la que vivo”, dice la entrevistada, quien dice haber sobrevivido a los ataques de sus clientes.
“En una ocasión llegó un hombre fanfarroneando que era mucha cosa, desde que entramos al cuarto del hotel me di cuenta que había peligro, solo recuerdo que desperté en un hospital”.
Pero Lore no se acobarda, no se espanta, no retrocede, es la vida que le tocó vivir, y dice lo disfruta hasta donde puede.
Ahora, con la nueva normalidad le apuesta a sus encantos para reconquistar clientes y reactivar su economía.
Con información de Gabriel Lagos | El Sol de Orizaba
