Un año de prisión preventiva a exduartistas por presunto desvío en el DIF estatal

La FGE pretendía la vinculación de los imputados por los delitos de fraude específico, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, sin embargo, no en todos los casos lo consiguió

Itzel Molina | Diario de Xalapa

  · jueves 23 de abril de 2020

Foto: Archivo | Diario de Xalapa

Xalapa, Ver.- El juez de control, Gregorio Esteban Noriega, dictó prisión preventiva de un año para las 10 personas señaladas por un presunto desvío de recursos en el sistema DIF estatal durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, por lo que permanecerán en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Tras una audiencia de más de 20 horas, el juzgador determinó, además un mes de investigación complementaria en contra de los señalados, tres de éstos exservidores públicos del DIF estatal y siete ciudadanos presuntamente accionistas de empresas fantasmas con las que supuestamente se efectúo el fraude.

La Fiscalía General del Estado pretendía la vinculación de los imputados por los delitos de fraude específico, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal; sin embargo, no en todos los casos consiguió aplicar todas las acusaciones.

Emilia Yasbé “N”, Julián Alberto “N” y Víctor Manuel “N” fueron vinculados en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del DIF Estatal.

Mientras que el delito de fraude se aplicó al resto de los vinculados: Luciano “N”, Pedro Francisco “N”, Claudia “N”, Teodosio “N”, César “N”, Raúl Antonio “N” y Francisco “N”.

En el caso de éstos, se les relacionó por ser presuntamente accionistas de empresas “fantasma” o fachada con las cuales se habría cometido fraude en el organismo estatal.

Los delitos que se les imputan se relacionan con la administración 2010-2016, periodo en el que Karime “N”, en ese entonces esposa de Javier Duarte de Ochoa, era presidenta del patronato del DIF estatal.

La Fiscalía argumentó que durante dicho periodo se cometió un fraude de 112 millones de pesos en agravio del sistema DIF estatal.