La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. y Empresas Conexas (Amexgas) exigen garantías de seguridad para que puedan continuar con el traslado y distribución de ese combustible en las regiones de Córdoba, Orizaba y Fortín.
A través de un comunicado, sostiene que la inseguridad aumenta en aquella zona, al grado de volver riesgosa la circulación de vehículos distribuidores y del personal de empresas formalmente establecidas, además de la población en lo general.
Advierte que no se descarta que se distribuya gas de procedencia ilícita, con personas y vehículos ajenos al mercado legalmente establecido, lo que pone en riesgo a trabajadores de la industria formal y a los habitantes.
Pide que la Fiscalía General de la República (FGR) disponga de una representación en materia de hidrocarburos en los municipios antes citados.
También exige el debido ejercicio de la acción penal al tratarse de delitos tipificados como graves y de competencia federal en la legislación de la materia; la recepción y depósito de vehículos utilizados en la comisión de presuntos delitos, así como con la consignación de personas presentadas por fuerzas federales de seguridad pública para su debido proceso, y verificar la debida acreditación del producto mediante la presentación de la factura o CFDI y los permisos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el alta de los vehículos dentro del parque registrado formalmente.
Sostiene que también es indispensable que la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), realicen operativos de verificación en instalaciones y vehículos presumiblemente ilegales o irregulares, además de que se mantenga en coordinación con las autoridades ministeriales y de impartición de justicia, con el apoyo de la Guardia Nacional.
Pide involucrar a las autoridades reguladoras y autoridades locales para realizar operativos constantes para evitar el fortalecimiento de grupos criminales que se dedican a la extracción, distribución y comercialización ilegal del gas LP.
Finalmente, pide la conformación de comisiones integradas por la Guardia Nacional, FGR, CRE, ASEA y la SHCP para realizar inspecciones y auditorías de controles volumétricos a empresas denunciadas por compra, distribución y comercialización de gas robado.