/ viernes 15 de enero de 2021

Combate al Covid, pero también a la mafia

Desde que comenzó el contagio masivo del coronavirus, a finales de 2019 y principios de 2020, Italia ha tenido que sortear el combate a la pandemia con un servicio de salud pública que tampoco ha sido lo suficientemente eficaz para evitar las muertes y aliviar a los enfermos que han logrado sobrevivir al virus.

Llama la atención la nota periodística difundida por las agencias noticiosas AFP, Europa Press y EFE, que señala el comienzo del “mega juicio” contra 350 inculpados, pertenecientes o vinculados a la legendaria “mafia Calabresa”.

La ciudad de Milán, donde por cierto permanecía con otra identidad y sustraído de la solicitud de extradición por Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas (1999- 2004) Tomás Yarrington Ruvalcaba, es la sede donde se desahogarán las audiencias para escuchar la ratificación o retractación de aproximadamente 900 testigos de cargo. Ahí mismo se recibirán las pruebas y los alegatos que aportarán un estimado de 400 abogados, especialistas en materia penal, combate al narcotráfico y derecho internacional.

Desde otras latitudes se puede apreciar de forma diferente la importancia y la repercusión que la pandemia y el crimen organizado tienen en agravio de los italianos y de los habitantes de otras naciones, hasta donde se extienden los tentáculos de la mafia Calabresa, ejerciendo un poder mafioso y criminal, cuyo saldo mortal en las últimas tres décadas podría superar al número de fallecidos por el coronavirus en toda Italia.

Solo así, acabando con la impunidad y la protección oficial, se justifica la continuidad del “mega juicio”, cuya preparación lleva años y que incluye la selección y capacitación de cuerpos policiacos, fiscales y jueces, así como la construcción y acondicionamiento del edificio donde se llevará a cabo el histórico acontecimiento.

La operación desde hace 30 años fue encomendada al fiscal Nicola Gratteri, quien vive bajo amenazas de muerte pero estrictamente cuidado y escoltado desde 1992. Por lo visto, en Italia sí prevalece el imperio de la ley por encima de la criminalidad y la impunidad, y los políticos no pierden su tiempo en “dimes y diretes” en conferencias mañaneras.

Desde que comenzó el contagio masivo del coronavirus, a finales de 2019 y principios de 2020, Italia ha tenido que sortear el combate a la pandemia con un servicio de salud pública que tampoco ha sido lo suficientemente eficaz para evitar las muertes y aliviar a los enfermos que han logrado sobrevivir al virus.

Llama la atención la nota periodística difundida por las agencias noticiosas AFP, Europa Press y EFE, que señala el comienzo del “mega juicio” contra 350 inculpados, pertenecientes o vinculados a la legendaria “mafia Calabresa”.

La ciudad de Milán, donde por cierto permanecía con otra identidad y sustraído de la solicitud de extradición por Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas (1999- 2004) Tomás Yarrington Ruvalcaba, es la sede donde se desahogarán las audiencias para escuchar la ratificación o retractación de aproximadamente 900 testigos de cargo. Ahí mismo se recibirán las pruebas y los alegatos que aportarán un estimado de 400 abogados, especialistas en materia penal, combate al narcotráfico y derecho internacional.

Desde otras latitudes se puede apreciar de forma diferente la importancia y la repercusión que la pandemia y el crimen organizado tienen en agravio de los italianos y de los habitantes de otras naciones, hasta donde se extienden los tentáculos de la mafia Calabresa, ejerciendo un poder mafioso y criminal, cuyo saldo mortal en las últimas tres décadas podría superar al número de fallecidos por el coronavirus en toda Italia.

Solo así, acabando con la impunidad y la protección oficial, se justifica la continuidad del “mega juicio”, cuya preparación lleva años y que incluye la selección y capacitación de cuerpos policiacos, fiscales y jueces, así como la construcción y acondicionamiento del edificio donde se llevará a cabo el histórico acontecimiento.

La operación desde hace 30 años fue encomendada al fiscal Nicola Gratteri, quien vive bajo amenazas de muerte pero estrictamente cuidado y escoltado desde 1992. Por lo visto, en Italia sí prevalece el imperio de la ley por encima de la criminalidad y la impunidad, y los políticos no pierden su tiempo en “dimes y diretes” en conferencias mañaneras.