La política bien entendida es el oficio al que dedican su tiempo, y en ocasiones su vida, hombres y mujeres que se esmeran en servir a la sociedad hasta alcanzar el bienestar colectivo de quienes aprovechan las posibilidades que brinda el Estado para el desarrollo de la capacidad individual y social.

En la política mexicana, la división en clases sociales se ha enquistado a lo largo de toda su historia y los privilegiados siguen acaparando riquezas y ocupando los puestos públicos más importantes para gobernar a la nación, siendo el de mayor privilegio y preminencia sobre los responsables de hacer las leyes y aplicar la justicia, aquel que se conoce como presidente de la República o jefe del Ejecutivo federal.

El mayor privilegio que la Constitución preserva para quien desempeñe el cargo de presidente de México consiste en un “fuero” que ha impedido aplicar sanciones por la comisión de delitos y responsabilidades públicas en los que han incurrido, casi sin excepción, desde el primer presidente, que fue Guadalupe Victoria, hasta el que detenta el cargo actualmente (desde hace casi dos años), Andrés Manuel López Obrador.

En su lucha política para llegar a Palacio Nacional, López Obrador se comprometió a acabar con la corrupción y a recuperar la riqueza pública, para devolver al pueblo lo robado. Aunque el tiempo transcurre sin que el presidente López Obrador haya cumplido una sola de sus promesas de campaña, su pretensión de juzgar a los expresidentes que le precedieron quedará en lo mismo, es decir, en una simple oferta de campaña incumplida.

El argumento para adelantar este incumplimiento más lo dio ayer Santiago Nieto Castillo, cercanísimo al Presidente y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien de manera ocurrente afirma que los expresidentes Salinas y Fox no podrán ser enjuiciados porque los delitos que les imputan ya han prescrito.

Nada más falso que lo dicho por Nieto Castillo, en primer término porque no se ha acusado a ningún expresidente de manera específica de algún delito, por lo tanto vale recordar el principio “nullum crimen, nulla pena, sine lege”, que significa no hay crimen si no está establecido en la ley.

Es decir, no prescribe ni procede enjuiciar a alguien si no se acreditan los elementos de tipo penal, menos sin una acusación o imputación directa.