Cuando el año nuevo no tiene siquiera su primer diente, ha tenido que enfrentar al menos tres muy serias amenazas que muestran la complejidad y los riesgos del futuro inmediato: una pandemia que ha obligado a una nueva reclusión en varios países, un entorno económico internacional volátil e inflacionario, y el delirio de un populismo al que estorban las instituciones democráticas.
A pesar de que la OMS ha advertido sobre un “tsunami de nuevos contagios” a causa de la variante ómicron de Covid-19, el gobierno mexicano minimiza una vez más los riesgos y resta importancia a lo que podría ser la cuarta ola de la pandemia. “Estos virus ayudan al propósito de lograr la inmunidad social” fue la criminal respuesta ante la incapacidad de enfrentar a la nueva variante.
El último día del año, nuestro país reportó 10,037 contagios, la mayor cantidad de casos de Covid19 confirmados para un día desde el 24 de septiembre. Con las 143 nuevas muertes de ese mismo día, estamos cada vez más cerca del medio millón de defunciones. Las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción, la pandemia rondaría los 448 mil fallecidos en el país.
Pero lo peor está por venir. De acuerdo a las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, del 13 de diciembre al 1 de abril podrían registrarse al menos 24 mil muertes más, alcanzando un nuevo pico de contagios por ómicron y delta hacia el 10 de febrero.
Por si eso fuera poco, con un criterio más ideológico que científico, el gobierno morenista decidió autorizar el miércoles pasado el uso de la vacuna cubana Abdala, al considerar que cumple con los requisitos de “calidad, seguridad y eficacia”, algo que no ha reconocido la Organización Mundial de la Salud.
Hasta ahora, el gobierno cuatroteísta sólo ha podido vacunar al 48% de la población con esquema completo, lejos de naciones como Uruguay, Chile, Ecuador o la propia Cuba; sólo el 63% de las personas ha recibido al menos una dosis de vacuna. Ningún estado del país ha alcanzado el 70% o más de la población que está completamente vacunada.
La segunda amenaza es la economía y la incapacidad del gobierno para reactivar las actividades productivas. A reserva de confirmar el índice anual en 2021, la inflación en México rebasó en noviembre el 7,3%, la peor cifra en 20 años; el aumento de precios en mercancías, tarifas eléctricas y productos agropecuarios propiciaron una escalada prematura del indicador a niveles récord.
Millones de familias lo vieron en los precios de los productos en este fin de año, como un golpe anticipado de lo que será una prolongada cuesta de enero. Especialistas financieros calculan que será una crisis sin precedentes debido a que podría extenderse hasta el mes de junio, es decir, la peor en los últimos 21 años.
Para cerrar el año, los precios de la canasta básica borraron el último aumento del salario mínimo; mientras el salario subió un 22 por ciento para 2022, los costos del huevo, carne de res, puerco, pollo y otros artículos básicos tuvieron un alza de más del 30 por ciento durante 2021.
El propio Banco de México (Banxico) espera que durante los primeros tres meses de 2022 la inflación se sitúe en 6.3 por ciento. Y pese a la decisión de aumentar el estímulo fiscal para mantener el precio de la gasolina por debajo de los 21.5 pesos por litro, en las próximas semanas podría presentarse un “gasolinazo” justificando el aumento por el índice de inflación. El gobierno no tendrá recursos suficientes para mantener el subsidio a lo largo del año.
Por último, está la obsesión del Presidente por estar en una boleta electoral, aunque no haya elecciones. El frenesí por realizar la “ratificación de mandato” –cuyo resultado ya conocemos- no sólo es un despropósito para un gobierno sin dinero y con urgentes necesidades de atender la pandemia para reactivar la economía, sino que será una malograda estrategia para deshacerse del Instituto Nacional Electoral.
En la víspera de navidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al INE no posponer la consulta sobre la revocación del mandato del presidente López Obrador, con lo que se tendrán que invertir más de mil 500 millones de pesos para complacer la egolatría presidencial. La democracia manipulada no es democracia.
No deja de llamar la atención que mientras los gobernadores de Morena se suman al linchamiento del INE por su decisión de posponer la consulta, muchos de ellos –incluido el de Veracruz- se han negado de manera sistemática a someterse al mismo ejercicio de democracia directa. La consulta sólo servirá para polarizar más al país.
En ningún de estos casos, la Cuarta Transformación y sus gobiernos parecen entender las consecuencias de una serie de decisiones y políticas que sólo agravarán la crisis que inició desde hace varios meses.
De seguir así, México continuará en el 2022 su camino hacia un país más enfermo, más pobre y más autoritario.
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