En el actual escenario político de Veracruz, nos enfrentamos a la imperiosa necesidad de abordar una laguna legislativa que podría obstaculizar la efectiva implementación del Registro de Obligaciones Alimentarias. Esta iniciativa, derivada de reformas constitucionales, tiene como objetivo principal asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y se erige como un pilar fundamental para la justicia social en nuestro estado.
Ante esta premisa, es urgente convocar a una mesa de trabajo interinstitucional, en la que el Ejecutivo, en colaboración con el Poder Judicial y nosotros, los legisladores, podamos articular una estrategia integral para cumplir con esta reforma constitucional. La carencia de un etiquetado presupuestario específico para esta herramienta requiere atención inmediata.
En este sentido, la responsabilidad también recae sobre nosotros, los legisladores, para garantizar el andamiaje jurídico legislativo para que el Poder Judicial cuente con los recursos necesarios para mantener activo y actualizado mensualmente el Registro de Obligaciones Alimentarias.
A lo largo del último año, he presentado iniciativas y participado en mesas de trabajo con juristas, especialistas y activistas en el tema, un trabajo que, lamentablemente, ha tenido un impacto limitado debido a la falta de voluntad política. Sin embargo, en su reciente comparecencia el pasado 15 de diciembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez me expresó su disposición a trabajar conjuntamente para desarrollar una estrategia de implementación.
Esta estrategia requiere la colaboración activa de diversas instituciones, tales como la Secretaría de Seguridad Pública, el Registro Civil, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Secretaría de Gobierno, notarios, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz.
Es importante resaltar que esta propuesta se alinea con la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, que prohíbe a cualquier deudor alimentario moroso ser candidato o candidata en elecciones populares o ocupar cargos en el sector público.
Además, se establecerá como requisito legal no estar inscrito en este Registro para llevar a cabo trámites como la obtención de licencia de conducir, contraer matrimonio, realizar compraventa de bienes inmuebles, entre otros.
La interrogante que se plantea es si Veracruz está preparado para afrontar estas nuevas disposiciones legales, y la respuesta es negativa. Aunque aún hay mucho por hacer, la principal carencia radica en la falta de voluntad política.
Es evidente que el Poder Judicial desempeñará un papel protagónico en este proceso, y es esencial que asuma esta responsabilidad con los recursos adecuados. La falta de asignación presupuestaria en el presupuesto de egresos del Poder Judicial refleja una deficiencia legislativa y política que no debe pasarse por alto.
La herramienta en cuestión no solo responde a una necesidad legal, sino que también constituye un paso crucial hacia la justicia social y el cumplimiento de las pensiones alimentarias a nivel estatal. No podemos permitir que la falta de reflejo en el presupuesto se convierta en un obstáculo para la efectiva ejecución de esta medida de vital importancia.
Es imperativo reconocer las deficiencias legislativas y políticas que impiden avanzar en un trabajo estatal destinado a la justicia social y al cumplimiento de las pensiones alimentarias. Como legisladores, asumimos la responsabilidad de subsanar estas deficiencias y garantizar que el Poder Judicial cuente con los recursos necesarios.
Abogué en tribuna de manera contundente por una asignación presupuestaria adecuada y específica que refleje nuestro compromiso real con la efectividad del Registro de Obligaciones Alimentarias. Solo a través de este respaldo financiero podremos avanzar en la consolidación de un sistema que cumpla con las expectativas y necesidades de aquellos que buscan justicia social a través del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
En este momento crucial, instamos a nuestros colegas legisladores a unir fuerzas en pos de este objetivo común. La justicia social y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no pueden esperar. Es hora de actuar y demostrar nuestro compromiso con un sistema legal que realmente sirva a quienes dependen de las pensiones alimentarias para su bienestar y subsistencia.
Recordamos las palabras que compartí con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre la necesidad de llevar a cabo una mesa de trabajo interinstitucional para hacer efectiva la armonización en el Estado de Veracruz.
Si bien se ha hablado de la igualdad numérica, es importante destacar la importancia de avanzar hacia la igualdad sustantiva. Solo así podremos afirmar con certeza que Veracruz camina hacia el camino del feminismo, dando un paso firme hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Dada la urgencia de la situación, es imperativo que coordinemos la fecha para la mesa de trabajo. Los niños, niñas y adolescentes en el estado de Veracruz necesitan con prontitud garantías de contar con un plato de comida en su mesa. Construyendo paternidades responsables. Un buen propósito de año nuevo, Sr. Gobernador.
*Diputada local. MC
