Partiendo de las dos radicales formas de gobernar, una a través de la oligarquía y otra mediante la democracia, ambas dependientes de la riqueza para transformar el poder conforme a las distintas formas de organización estatal.
El Estado mexicano tiene todo desde que adquirió la forma republicana, representativa, democrática y federal, en su conformación en 1824 con la promulgación de la primera Constitución que consolida el triunfo de la Independencia; y en ella, estableció la obligación de los mexicanos para contribuir al gasto público.
De la misma manera, en la Segunda Transformación de México, también se incluyó en la Constitución Política de corte liberal y progresista promulgada en 1857, que mientras el Estado debe garantizar la tranquilidad y la paz, que permiten el ejercicio del poder soberano del pueblo para su bienestar y desarrollo, éste debe contribuir al gasto que representa la función pública.
Si aceptamos la idea del Presidente López Obrador, de dar por concluida la tercera transformación del país que se inició en el Constituyente de Querétaro de 1917, y así dejar sentadas las bases de la Cuarta Transformación, no hay que pasar por alto que la Constitución del 17 que hoy nos rige, en el artículo 31 Fracción IV, establece como obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, de la Federación, Estados y Municipios en que se resida; de la manera proporcional y equitativa como lo dispongan las leyes”.
Y esos principios de proporcionalidad, equidad y legalidad, no han sido aplicados con el criterio de una justicia fiscal distributiva, propiciando el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de la mayoría; lo que no se justifica en un régimen donde el Estado tiene la propiedad originaria de las tierras y aguas nacionales; la potestad de expropiación por causa de utilidad pública y el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; el Estado cuenta con las herramientas que sean necesarias para redistribuir la riqueza nacional.
Es por ello que limitando la voracidad de “los dueños de México” y protegiendo a las clases sociales marginadas, para que accedan a mejores empleos, educación, vivienda y mayores ingresos, el desarrollo de los niños y jóvenes estará garantizado.
Solo falta para la construcción de la Cuarta Transformación del país una nueva Constitución Política que garantice su estabilidad y desarrollo.
