/ miércoles 8 de julio de 2020

La herencia de Cuitláhuac

Hace poco más de 19 meses Cuitláhuac García Jiménez asumía la gubernatura de Veracruz; venía de ganar de forma contundente la elección del primero de julio de 2018.

Eran días de euforia para Morena y para el equipo que llegaría en diciembre de ese año al Poder Ejecutivo de la entidad.

La realidad de un estado saqueado, endeudado, inseguro y con un enorme déficit financiero, hacía suponer que el arranque de la nueva administración no podía ser más adverso.

Cuitláhuac García recibió enormes problemas que tenían a Veracruz en un verdadero caos. A la borrachera de la fidelidad y del duartismo siguió la fuerte resaca.

El gasto irresponsable de los recursos públicos y el saqueo de funcionarios que se enriquecieron al amparo del poder terminaron por hundir a Veracruz, entidad cuyo gobierno estatal no ha podido superar el enorme endeudamiento que dejaron los anteriores cuatro gobernadores.

Durante la administración de Miguel Alemán Velasco fueron motivos de escándalo los préstamos solicitados por el gobierno veracruzano a la banca, mismos que superaron los 5 mil millones de pesos.

Fidel Herrera Beltrán dejó una deuda de 9 mil 169 millones de pesos y ubicó a la entidad en la sexta posición entre las más endeudadas del país.

El gobierno de Javier Duarte fue un tsunami financiero para Veracruz, dado que la deuda pública se disparó hasta niveles exorbitantes; en 2011, apenas un año después de la llegada de los nuevos gobernantes, la entidad pasó del sexto al quinto lugar nacional; ya debía 27 mil 938 millones de pesos.

Para 2016, el estado ya debía más de 45 mil millones de pesos, sin considerar los adeudos a proveedores y contratistas.

La administración de Duarte de Ochoa terminó en 2016 pero el gobierno estatal no ha podido pagar todos los pasivos que heredó; de forma reciente, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas y Planeación anunció el inicio de un programa de pagos para cubrir 450 millones de pesos a las empresas acreedoras.

Para marzo de 2018, ya con Miguel Ángel Yunes en el gobierno estatal, la deuda pública de Veracruz casi llegaba a 48 mil millones de pesos; la deuda per cápita era de 5 mil 800 pesos, de acuerdo con el Sistema de Alertas de las Entidades Federativas.

Para completar un cuadro dramático, Veracruz tuvo al menos 10 años de muy elevados índices delictivos, en que los homicidios dolosos y el secuestro colocaron a la entidad como una de las más inseguras del país.

Así recibió Cuitláhuac García el gobierno estatal: corrupción, saqueo, endeudamiento, violencia e inseguridad.

Su antecesor, Yunes Linares, encontró un escenario parecido y dos años después simplemente no pudo superar los retos, ni siquiera los de inseguridad y combate a la corrupción, que supuestamente eran sus fortalezas, o al menos sus principales banderas de campaña en 2016.

Hoy, a 19 meses del arranque del actual gobierno estatal, no falta quien exija los resultados que los últimos cuatro gobernadores veracruzanos no han ofrecido. Sin embargo, habría que recordar que la deuda pública heredada tardará en pagarse casi dos décadas.

Hace poco más de 19 meses Cuitláhuac García Jiménez asumía la gubernatura de Veracruz; venía de ganar de forma contundente la elección del primero de julio de 2018.

Eran días de euforia para Morena y para el equipo que llegaría en diciembre de ese año al Poder Ejecutivo de la entidad.

La realidad de un estado saqueado, endeudado, inseguro y con un enorme déficit financiero, hacía suponer que el arranque de la nueva administración no podía ser más adverso.

Cuitláhuac García recibió enormes problemas que tenían a Veracruz en un verdadero caos. A la borrachera de la fidelidad y del duartismo siguió la fuerte resaca.

El gasto irresponsable de los recursos públicos y el saqueo de funcionarios que se enriquecieron al amparo del poder terminaron por hundir a Veracruz, entidad cuyo gobierno estatal no ha podido superar el enorme endeudamiento que dejaron los anteriores cuatro gobernadores.

Durante la administración de Miguel Alemán Velasco fueron motivos de escándalo los préstamos solicitados por el gobierno veracruzano a la banca, mismos que superaron los 5 mil millones de pesos.

Fidel Herrera Beltrán dejó una deuda de 9 mil 169 millones de pesos y ubicó a la entidad en la sexta posición entre las más endeudadas del país.

El gobierno de Javier Duarte fue un tsunami financiero para Veracruz, dado que la deuda pública se disparó hasta niveles exorbitantes; en 2011, apenas un año después de la llegada de los nuevos gobernantes, la entidad pasó del sexto al quinto lugar nacional; ya debía 27 mil 938 millones de pesos.

Para 2016, el estado ya debía más de 45 mil millones de pesos, sin considerar los adeudos a proveedores y contratistas.

La administración de Duarte de Ochoa terminó en 2016 pero el gobierno estatal no ha podido pagar todos los pasivos que heredó; de forma reciente, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas y Planeación anunció el inicio de un programa de pagos para cubrir 450 millones de pesos a las empresas acreedoras.

Para marzo de 2018, ya con Miguel Ángel Yunes en el gobierno estatal, la deuda pública de Veracruz casi llegaba a 48 mil millones de pesos; la deuda per cápita era de 5 mil 800 pesos, de acuerdo con el Sistema de Alertas de las Entidades Federativas.

Para completar un cuadro dramático, Veracruz tuvo al menos 10 años de muy elevados índices delictivos, en que los homicidios dolosos y el secuestro colocaron a la entidad como una de las más inseguras del país.

Así recibió Cuitláhuac García el gobierno estatal: corrupción, saqueo, endeudamiento, violencia e inseguridad.

Su antecesor, Yunes Linares, encontró un escenario parecido y dos años después simplemente no pudo superar los retos, ni siquiera los de inseguridad y combate a la corrupción, que supuestamente eran sus fortalezas, o al menos sus principales banderas de campaña en 2016.

Hoy, a 19 meses del arranque del actual gobierno estatal, no falta quien exija los resultados que los últimos cuatro gobernadores veracruzanos no han ofrecido. Sin embargo, habría que recordar que la deuda pública heredada tardará en pagarse casi dos décadas.

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