El refrán popular ampliamente conocido de que “la violencia genera más violencia” ha resultado una verdad incontrovertible. En las sociedades antiguas se aplicó la ley del más fuerte, buscando los débiles la protección de aquel que los pudiera defender de los atropellos de otros, y en igualdad de circunstancias, el ojo por ojo y diente por diente se aplicó mientras no existían las sociedades organizadas, en las que el gobierno tuvo a su cargo imponer y garantizar la paz y la seguridad.
Desde entonces correspondió al Poder Ejecutivo la solución de conflictos y la aplicación de las normas jurídicas aprobadas por el Poder Legislativo, para lograr la paz y la tranquilidad del conglomerado social. Los ejércitos en la historia de la humanidad, han tenido a su cargo la defensa de los pueblos a los que pertenecen, no solo de los ataques del exterior, sino también cuando se perturba la paz pública o se pone en riesgo el orden social, con grave peligro para sus habitantes, de perder sus valores fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad.
El artículo 21 constitucional encarga la función de la seguridad pública al gobierno federal, a los estados y municipios; y les impone como tarea la prevención de los delitos la investigación y persecución de los mismos, debiéndose ceñir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos contenidos en la Carta Magna.
Entre las facultades y obligaciones presidenciales, el artículo 89, fracción VI constitucional, le impone al titular del Ejecutivo preservar la seguridad nacional, disponiendo en su totalidad del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con el fin de garantizar la seguridad interior, la defensa de la soberanía nacional y la tranquilidad y paz de la población.
Con todo lo anterior, el incidente ocurrido en Culiacán, Sinaloa, durante la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, puso al descubierto la fragilidad de la “No violencia” como lema del gobierno de AMLO.
Y aunque López Obrador prefirió evitar el cementerio en que se convertiría el principal asiento del Cártel de Sinaloa, aún a costa de su imagen pública. Ahora lo que sigue para callar voces críticas y marcar un nuevo rumbo en el tema de seguridad, debe ser la renuncia por “vergüenza pública” de Alfonso Durazo y otros personajes que incumplieron su responsabilidad.
