En el estado de Veracruz, el embarazo en niñas menores de 15 años sigue siendo un problema persistente tanto en términos de salud pública como de derechos humanos. Entre 2019 y mayo de 2023, los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) documentaron un total de 5,020 consultas de niñas embarazadas de 10 a 14 años de edad.
Aunque las cifras estatales muestran una disminución en los casos de niñas y adolescentes embarazadas de 10 a 14 años que acuden por primera vez a consulta médica, estos registros arrojan luz sobre el fenómeno de la maternidad forzada en la región.
Según un informe de transparencia (SESVER/UAIP/1091/2023), la Dirección de Salud Pública detalla que los años 2012 y 2013 concentraron el mayor número de consultas de menores embarazadas de 10 a 14 años, con 2,426 y 2,384 consultas respectivamente, desde el año 2000.
A partir de 2018, se ha observado un descenso sostenido en la cifra de casos de menores embarazadas en este rango de edad:
- 2,069 casos en 2018
- 1,959 en 2019
- 1,076 en 2020
- 869 en 2021
- 830 en 2022
- 286 en los primeros cinco meses de 2023
En los últimos cinco años, se han atendido a un total de 5,020 niñas y adolescentes de 10 a 14 años embarazadas en las unidades médicas estatales.
Organizaciones especializadas en derechos de la infancia y adolescencia han documentado el impacto integral de los embarazos en niñas de 10 a 14 años, así como las consecuencias de la violencia sexual en su salud y proyecto de vida.
Según un estudio de Planned Parenthood, muchos de estos embarazos son resultado de violaciones sexuales, un fenómeno que constituye un delito además de tener un impacto social significativo.
El embarazo en niñas y adolescentes se considera uno de los principales problemas de salud pública que afectan a las mujeres. La literatura científica muestra que las menores de edad embarazadas tienen peores resultados maternos y neonatales en comparación con las mujeres de 20 a 24 años.
Riesgos del embarazo en niñas y adolescentes
Los riesgos asociados con el embarazo en adolescentes, especialmente para las menores de 15 años, incluyen:
- Mayor riesgo de muerte materna
- Infecciones
- Eclampsia
- Parto prematuro
- Mayor mortalidad neonatal
- Mayor morbilidad neonatal
Además, el embarazo a una edad tan temprana altera drásticamente el presente y futuro de las adolescentes, interrumpiendo su educación, afectando su salud física y mental, limitando sus perspectivas laborales y aumentando su vulnerabilidad a la pobreza, exclusión, violencia y dependencia.
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Matrimonio infantil y uniones tempranas
El matrimonio infantil y las uniones tempranas son tanto causas como consecuencias del embarazo temprano, la violencia sexual y de género. Estas prácticas también están vinculadas a la deserción escolar, mortalidad materna, transmisión intergeneracional de la pobreza y limitación de oportunidades para las niñas y adolescentes.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Estado de México, Chiapas y Veracruz registraron la mayor cantidad de mujeres de 12 a 17 años casadas o unidas durante 2020, representando una cuarta parte de todas las adolescentes casadas o unidas en el país.
Aunque no existen datos oficiales sobre la incidencia de matrimonios forzosos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en 2020, el 1.2 por ciento de las adolescentes indígenas en el país estaban casadas o unidas a edades tan tempranas como 12 a 14 años.
Para Veracruz, el censo nacional reportó 2,463 mujeres casadas o en unión libre de 12 a 17 años de edad, concentradas principalmente en municipios:
- Soledad Atzompa
- Pajapan
- Textatepec
- Saltabarranca
- Tenampa
- Mixtla de Altamirano
- Coscomatepec
- Acajete
- Mecayapan
- San Andrés Tuxtla
- Tlacolulan
- Hueyapan de Ocampo
- San Juan Evangelista
- Atlahuilco
Avances legislativos y desafíos futuros
La promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2015 impulsó un proceso de armonización legislativa para prohibir el matrimonio entre personas menores de 18 años, concluyendo en 2020 con la armonización del último Código Civil estatal pendiente.
Sin embargo, la prohibición del matrimonio infantil ha generado un efecto negativo no previsto: las uniones forzadas que ocurren fuera del marco legal. Muchas de estas uniones se realizan en comunidades donde el registro civil no tiene jurisdicción, lo que hace que la prohibición legal no sea suficiente para proteger los derechos de los menores.
El reciente avance legislativo para erradicar esta práctica nociva fue la reforma constitucional aprobada por el Senado de la República el 13 de febrero de 2024, que prohíbe el matrimonio infantil en pueblos y comunidades indígenas, garantizando el interés superior de la infancia y adolescencia y eliminando cualquier justificación para estas uniones, incluso por usos y costumbres. Esta iniciativa ahora espera su aprobación en la Cámara de Diputados.
