Debido a que está en proceso la designación de los contralores internos, el pleno de la LXIV Legislatura aprobó que la Secretaría General del Congreso local reciba las declaraciones patrimoniales de los 700 empleados y los 50 diputados.
El titular de la Secretaría General, Juan José Rivera Castellanos, recordó que anteriormente el Congreso del Estado recibía las declaraciones patrimoniales de los Ayuntamientos, de los empleados del mismo y de los organismos autónomos; sin embargo, con el cambio de la Ley General de Responsabilidades se estableció que los servidores públicos tenían que rendir dicha información ante los órganos de control internos.
“Se aprobó un punto de acuerdo con el que se me faculta para recibir provisionalmente las declaraciones patrimoniales de los diputados y trabajadores del Congreso, hay que recordar que con las reformas anticorrupción hubo varios cambios, entre ellos que los empleados del Congreso tengan que presentar sus declaraciones”, dijo.
Mencionó que la fecha límite para la entrega de las declaraciones patrimoniales es el 30 de mayo, pues de lo contrario tanto los servidores públicos como los legisladores podrían ser acreedores a una sanción que, en su caso, tendrá que determinar la Contraloría. “Se puede recibir de forma extemporánea, pero amerita una sanción que va a disponer el órgano de control interno, una vez que quede establecido.
Son sanciones administrativas, van desde la amonestación, apercibimiento, hasta multa, hay una disposición que el propio contralor determinará”, expuso. Indicó que los servidores públicos del Congreso local tienen que descargar el formato de declaración patrimonial y de intereses que se encuentra en el portal electrónico de la Secretaría de la Función Pública.
Destacó que al recibir las declaraciones patrimoniales, éstas serán depositadas en una bóveda, donde serán resguardadas para ser entregadas al contralor interno, una vez que este sea nombrado por el Congreso local. Comentó que será el contralor interno quien analizará cada una de las declaraciones patrimoniales para determinar si los servidores públicos cumplieron o no con la misma.
