La Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) AC denunció que a casi ocho años de haber interpuesto las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado por la agresión que sufrieron el 23 de diciembre de 2015 y por el presunto desfalco a la reserva técnica del IPE, no hay avances ni justicia, pero, además, ante el déficit financiero existente, se pone en riesgo el pago de las pensiones si el estado deja de recibir el subsidio de la federación.
El presidente de la Copipev, Sergio Téllez Galván, en una entrevista en las instalaciones de Diario de Xalapa, dijo que su motivación en esta lucha legal, es que no se dañe al instituto ni el patrimonio de los jubilados porque a futuro quienes serán perjudicados son los trabajadores activos.
“La denuncia por la agresión tiene un avance muy lento y se han preocupado por identificar a posibles culpables o responsables viendo solamente a personal de mandos medios para abajo, no a quien declaró públicamente la misma tarde del 23 de diciembre que había sido el responsable de tomar la decisión y sacar la policía que fue el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado”.
A su decir, las pruebas de lo que ocurrió ese día están en la carpeta de investigación e incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señala a Ríos Alvarado como responsable en la recomendación emitida, pero no ha pasado nada.
“Hay una intención de dejarlo tranquilo, de dejarlo en paz. La última situación con esta denuncia tiene que ver con el hecho de que ellos reconocen solamente un puñado de compañeros como víctimas siendo que éramos un contingente muy grande”.
Las víctimas que está contemplando la autoridad son cerca 24 personas y al resto de agraviados como testigos, siendo que el año pasado un número igual solicitaron ser reconocido también como víctimas, “los que estuvimos ahí fuimos agredidos no nada más vimos de lejos lo que pasaba, estábamos en medio de la situación y también recibimos esas agresiones”.
A la fecha la Copipev que congrega a cerca de 750 personas y que ha tenido el acompañamiento en este proceso también del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz, del puerto de Veracruz y del Gremio Unido de Pensionistas en Defensa de la Seguridad Social de Tuxpan, están a la espera de que la Fiscalía encargada de la investigación cumpla con lo ordenado por el juez de control de que sean registrados como víctimas y se abra una nueva carpeta de investigación.
La otra denuncia interpuesta está relacionada con el desfalco de la reserva técnica y que, dijo, viene incluso desde antes del 2015, pues el Consejo Directivo siempre ha facilitado esos movimientos para que sea la “caja chica” del gobierno del estado, que no son totalmente esclarecidos.
“Esto no es nuevo, ha sido a lo largo de muchos sexenios un vaivén de recursos, es obvio que donde hay dinero siempre hay tentación y durante todo el tiempo que ha durado el IPE ha habido este rejuego con el recurso manejándolo como caja chica del Gobierno del estado”.
Incluso dijo que han detectado préstamos entre los años 2014-2015, al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación en primer momento por mil 600 millones de pesos de los cuales se desconoce si regresaron o no, con o sin intereses y más tarde otro de mil 126 millones de pesos del que tampoco hay suficiente información.
“Sabemos que la Fiscalía le solicitó a la directora del IPE la información correspondiente, a Sefiplan también, Sefiplan dice que no tiene ningún documento que pruebe que hubo préstamo y el IPE ha estado resistente a entregar información. La fiscalía en lugar de aplicar medidas de apremio, prefiere no molestarla, se nos ha dicho de manera informal que cada vez que hay esta especie de presión, la directora del IPE le habla al gobernador y él a la fiscal y le dice que la deje tranquila”, acusó.
Refirió que, si bien la actual administración del IPE celebra que lo recibió con una reserva técnica de mil millones de pesos y que han recuperado más de 2 mil millones, se trata de un discurso engañoso pues hay un faltante que podría llegar a ser de más de 3 mil millones.
Además, advirtió que si bien no ha habido problema con el pago de las pensiones en esta administración estatal, es porque existe un subsidio federal de más de 3 mil millones de pesos al año, pero si alguien decide extinguirlo o darle otro uso, el IPE no tiene fondos suficientes para solventar las pensiones ni por un año “y de eso no se dice nada”.
- Puedes leer también: Exigen justicia pensionados agredidos el 23 de diciembre de 2015
El contexto de la agresión
Recordó que, desde los sexenios de Miguel Alemán y Fidel Herrera la reserva técnica del IPE era utilizada como “caja chica” y esto se agudizó con Javier Duarte, por lo que en 2015 empezaron los problemas de pago.
“No llegaba el recurso a pesar de que expedían cheques todavía a la mayoría y depósitos en tarjeta iba uno a consultar y no había dinero y los cheques los rebotaban (…) empezamos a preocuparnos y más o menos en esos meses presentaron una iniciativa de ley que modificaba la ley de pensiones en donde movían la edad de jubilación y los años que tenía que tener de servicio”.
Esto provocó la organización de los jubilados e incluso la interposición de un amparo que les fue concedido con más de 7 mil firmas, por lo que se detuvieron algunos cambios que se querían hacer a la ley.
Todo se agudizó en diciembre de 2015 cuando no recibían el pago y aguinaldo correspondientes por lo que por dos días consecutivos tuvieron protestas, y el 23, luego de que los representantes de los jubilados fueron citados en la Secretaría de Gobierno y teniendo el dialogo con el entonces secretario Flavino Ríos iniciaron una protesta en Plaza Lerdo y la calle Enríquez y poco después fueron desalojados por la fuerza pública.
La agresión a pensionados en 2015
La agresión que sufrieron hizo que se agudizara el movimiento de protesta que derivó en quejas ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos que emitieron su recomendación reconociendo que el gobierno del estado había violado sus derechos y señalando después de una investigación de tres años, las responsabilidades de cada instancia como la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Instituto de Pensiones del Estado por haber retrasado los pagos y no haber ejecutado lo que ya estaba presupuestado.
“Ese día (23 de diciembre) se levantó en ese entonces Flavino Ríos que era el secretario de Gobierno y ordenó, estando sentados en la negociación, que se les replegara con la policía al contingente que teníamos en la calle. Esto suscitó una gresca que nos pareció indignante sobre todo porque la mayoría de los jubilados hemos hecho nuestro trabajo al servicio del gobierno del estado en distintas instancias, educativas, del gobierno del estado, del Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y considerábamos que el estado era nuestro garante; sin embargo, ahí nos demostraron que ya no nos tomaban con el mismo respeto”.
A partir de esa fecha inició su calvario, narró, pues la Fiscalía General del Estado ha actuado de manera muy lenta, ya que han pasado casi 8 años de esos sucesos y siete fiscales a cargo sin que tengan resultados.
“No han procedido de la manera que tendrían que proceder, no es nuevo y es importante que se conozca que la mayoría de las personas que integran nuestra asociación, otros jubilados que son compañeros nuestros, aunque no están en la misma asociación ya tiene tiempo que nos dicen que esto no va a tener buenos resultados y para qué gastamos y nos empeñamos en buscar esta vía, pero consideramos que no podemos claudicar porque esto implica ser cómplices también de la impunidad”.
Si desistieran, expuso, se estaría propiciando sobre todo en el caso del IPE que con “toda tranquilidad” les dejen de pagar o que “saquen a la policía y nos den de garrotazos, si eso queda impune lo van a volver a hacer sin ningún recato porque tienen el poder”.
