En Veracruz, más de un millón de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza; sin embargo, la inversión pública estatal dirigida a este grupo poblacional es inferior al 0.01 por ciento del presupuesto total. En el último año, los recursos estatales destinados a la protección integral de este sector disminuyeron aproximadamente un 86.7 por ciento.
Conforme al Anexo XIX del Presupuesto de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), para el ejercicio fiscal 2023 se asignaron 2 millones 314 mil 757 pesos, lo que representó una reducción del 86.7 por ciento respecto al monto autorizado en 2022: 17 millones 575 mil 568 pesos.
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¿Qué montó designó el estado a infantes y adolescentes?
Esta cifra denota una diferencia de 15 millones 260 mil 811 pesos menos destinados a acciones en favor de los derechos de la infancia y adolescencia. A lo largo de la actual administración estatal, los montos y la asignación de los recursos destinados a la atención de la niñez han sido variables y limitados.
Los informes públicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) indican que en 2020, el estado de Veracruz destinó 4 millones 813 mil 329 pesos a la protección integral de los NNA.
En 2021, se asignaron 2 millones 743 mil 533 pesos; mientras que en 2022, la suma ascendió a 17 millones 575 mil 568 pesos. No obstante, señala el SIPINNA, esta cifra apenas representa el 0.01 por ciento del presupuesto de egresos del estado, el cual ascendió a 135 mil 763 millones 199 mil 169 pesos.
De acuerdo con los registros del SIPINNA, en los años 2016 y 2017, en Veracruz no se destinaron recursos transversales para la atención de niñas, niños y adolescentes. Fue recién en 2018 cuando se asignaron recursos para la infancia, con un total de 47 millones 551 mil 923 pesos.
Durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), realizada el 8 de agosto pasado, Unicef México presentó un mapeo de anexos transversales de las entidades federativas. En este contexto, destacó el caso de Veracruz, donde la inversión fue inferior al 0.1 por ciento del presupuesto total.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a incorporar recursos en sus proyectos de presupuesto para ser destinados a la niñez local.
Conforme al análisis de Unicef México, en 2023, a nueve años de la entrada en vigor de la LGDNNA, 22 de las 32 entidades incluyeron información en sus documentos presupuestales sobre programas y montos a ejercer. Por otro lado, cuatro entidades se limitaron a señalar programas sin montos asignados.
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Asimismo, destaca que la información disponible no es homogénea: se pueden identificar casos donde el monto total del anexo transversal equivale al 32 por ciento de su presupuesto anual (como el caso del Estado de México), y otros como el de Veracruz, donde esta cifra es inferior al 0.1 por ciento de su presupuesto.
¿Por qué invertir en niñas, niños y adolescentes?
Según Unicef, invertir de manera equitativa implica garantizar igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los niños y adolescentes, especialmente aquellos en situación de desventaja.
Señala que está ampliamente documentado que una inversión adecuada en las etapas de infancia y adolescencia sienta las bases no solo para el bienestar inmediato de las familias, sino también para la cohesión social, la productividad y el desempeño económico futuro de una sociedad.
