El Estado no está tomando con la debida seriedad las recomendaciones que los organismos internacionales estamos apuntando en materia de desaparición de personas, sostuvo en Xalapa Alan García Campos.
El oficial en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas afirma que, a 75 años de la declaración de los derechos humanos, el desconocimiento de estos genera actos de barbarie que trasgreden la conciencia de la Humanidad.
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Llamó a fortalecer la institucionalidad, garantizar la coordinación sistémica entre los distintos actores gubernamentales, remover lo que obstaculiza la judicialización de los casos y facilitar los procesos de búsqueda.
En conferencia en la 28ª Feria Internacional del Libro Universitario se refirió a la desaparición de personas y a los familiares dedicados a la búsqueda de sus seres queridos.
Particularmente de las madres dijo que “no basta con reconocer la entereza de la exigencia de verdad y justicia: es urgente reconocer su papel de víctimas y de atención y protección”.
¿En qué sitio se encuentra Veracruz en casos de personas desaparecidas?
Enfatiza que México, y entidades específicas como Veracruz, “están ante el reto, el problema y desafío más sufriente, doloroso, agudo y complejo en materia de derechos humanos”.
Con poco más de 7 mil 400 personas desparecidas, puntualiza que Veracruz solo es superado por tres entidades federativas. Además, con información pública, es el estado con mayor cantidad de fosas ilegales; registra 647 fosas clandestinas.
Alan García Campos urge a un compromiso de todas las autoridades, de todos los niveles, así como de organismos autónomos, de cumplir con lo que los organismos internacionales de derechos humanos indican.
Menciona que cada historia de desaparición lesiona a la sociedad por lo que se trata de un problema de todos.
“México vive casi en la impunidad. Estamos hablando de que solo hay 35 sentencias a nivel nacional; es un clima de impunidad casi absoluta de acceso a justicia que se traduce en elemento favorecer de la conducta y de la crisis forense”, declaró.
Expuso la necesidad de una política nacional de prevención y eliminación de las desapariciones forzadas que por lo menos reconozca los niveles de responsabilidad.
También convocó al abandono del enfoque de seguridad militarizada imperante desde 2006, así como a visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones.
Expresó que el proceso de acompañamiento y solidaridad de la sociedad, la academia, los espacios culturales, los medios de comunicación y los organismos internacionales es fundamental ante el nivel de exasperación de quienes se saben desprotegidos.
