Como una acción solidaria que ha tenido eco entre diputadas de Morena de todo el país en favor de la saxofonista María Elena Ríos, la legisladora Itzel López López se pronunció por que el Congreso de Veracruz exhorte al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, a recusar a la jueza María Teresa Quevedo Sánchez como autoridad competente para conocer el caso y turnar la carpeta de investigación de María Elena a un Tribunal Colegiado, cuyas facultades y características son idóneas para los requerimientos de su caso.
En su intervención en la Tribuna, la diputada del Distrito XX de Orizaba pidió hacer un llamado para que el proceso judicial no se dilate más y que sea realizado bajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y perspectiva de género, amparando sus derechos humanos y garantizando el acceso a la justicia, la no revictimización y la reparación del daño conforme al derecho.
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Ante sus compañeras y compañeros, la legisladora dijo que comparte la indignación de la ciudadana María Elena Ríos, quien fue víctima de intento de feminicidio mediante un ataque con ácido en 2019, “en un largo camino por la obtención de justicia y el acceso a su derecho a una reparación integral del daño, ha sido revictimizada y sujeta de violencia institucional por parte de las autoridades locales de esa entidad”.
Asimismo, la Diputada explicó la acción de dictar una prisión domiciliaria contra el agresor y el atentado que sufrió María Elena el 15 de septiembre de este año mientras se desplazaba de Oaxaca a la Ciudad de México (CDMX).
En tanto, Itzel López manifestó que, pese a lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca turnó el proceso a un Tribunal Unitario y determinó a la jueza María Teresa Quevedo Sánchez como autoridad competente para conocer del caso. “Esto es lo más preocupante, ya que los casos de mayor complejidad deben turnarse a un Tribunal Colegiado y porque la jueza a la que se turnó el caso está vinculada con otros de gravedad donde prevalece la corrupción y el nulo acceso a la justicia”.
Por último, refirió que, a más de tres años del intento de feminicidio en su contra, María Elena ha enfrentado una serie de omisiones, dilaciones y negligencias perpetradas no sólo por sus agresores, sino también por quienes deberían velar por sus derechos. “Es totalmente injusto que una víctima se enfrente a una obstaculización de esta magnitud y que sea expuesta a un constante estado de incertidumbre, indefensión y vulnerabilidad”, concluyó.
