Proteger el campo y el agua y aplicar la tecnología en favor de la producción agrícola es el propósito de la Iniciativa presentada por el diputado Paul Martínez Marie que propone reformar y adicionar las leyes estatales de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático y de Protección Ambiental, así como el Código Penal de la entidad.
En el uso de la voz durante la Segunda Sesión Ordinaria, el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático citó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual, de la superficie dedicada a la agricultura, el 21 por ciento es de riego y el resto es de temporal.
Detalló que su propuesta consiste en que, para enfrentar los retos del Cambio Climático, se atienda de manera prioritaria las necesidades de adaptación en el corto, mediano y largo plazos mediante el impulso a la investigación de posibles escenarios climáticos, para ubicar cultivos prioritarios o señalar la oportunidad de cambio de cultivos o del método de beneficiarlos, privilegiando el rescate de cultivo de temporal y medio ambiente idóneo.
Para esto, la Secretaría de Medio Ambiente del estado (Sedema) apoyaría y asesoraría a los municipios que lo soliciten, en la formulación, ejecución y operación de sus programas de atención al Cambio Climático y seguridad alimentaria como consecuencia de éste.
Para enfrentar los retos de la adaptación, prosigue, se procedería a corregir o aminorar los desequilibrios generados por el Cambio Climático, que deterioren la calidad de vida de la población o que tengan un impacto negativo en el desarrollo de los ecosistemas y en los cultivos que en ellos se producen.
Además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios y la sociedad en general llevarían a cabo las políticas y acciones de la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, atendiendo de manera prioritaria la protección de la vida humana, el medio ambiente y la infraestructura.
A su vez, los Consejos Consultivos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sumarían a sus atribuciones proponer al Ayuntamiento estrategias, políticas públicas o acciones dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente, a la seguridad agroalimentaria y a la procuración del desarrollo sustentable en sus municipios, así como dar aviso al Ayuntamiento o a las autoridades competentes en la materia sobre cualquier hecho o acto que pueda constituir un riesgo para el equilibrio del medio ambiente, a la seguridad agroalimentaria o el desarrollo sustentable del municipio.
En lo que se refiere al ámbito penal, se impondría de uno a seis años de prisión y multa de trescientas a quinientas UMAs a quien, sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o sin aplicar las medidas de previsión o de seguridad adecuadas dañe la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas, por generar fuera de lo establecido en la normatividad aplicable: energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones, contaminación visual o alteraciones con el uso de tecnologías al ciclo hidrológico en perjuicio de la seguridad agroalimentaria.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 878 Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, de la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental y del Código Penal del estado, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Se adhirieron al proyecto el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete, así como los legisladores Juan Enrique Santos Mendoza, Ramón Díaz Ávila y José Luis Tehuintle Xocua.
