Veracruz aún requiere de mucho trabajo para poder mejorar sus instituciones locales y con ello conseguir un verdadero Estado de Derecho, en donde una de las debilidades institucionales es la efectiva protección de los derechos humanos, con un trato igualitario y sin discriminación.
A pesar de que la actual administración estatal cuenta con un Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos (PECPDH), la coordinación entre las dependencias estatales, organismos autónomos y otros niveles de gobierno, como el municipal, ha resultado insuficiente para atender las diversas problemáticas que enfrentan, principalmente, las poblaciones históricamente vulneradas.
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Creado en el 2019 para atender y dar seguimiento a la problemática en materia de desaparición de personas, atención a defensores de derechos humanos y periodistas, combatir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como brindar atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos, este Programa Especial reportó, durante 2021, que el cumplimiento de las líneas de acción establecidas, apenas alcanzaba un promedio de 51.3 por ciento de avance.
De acuerdo con los resultados preliminares del Programa Especial, elaborado por la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Gobierno, la estrategia para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas registraba 51.8 por ciento de avance; mientras que la atención integral a víctimas de delitos y/ o violaciones a derechos humanos contaba con 49.4 por ciento de cumplimiento.
En tanto que la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por mecanismos internacionales y de la comisión nacional y estatal, de derechos humanos respecto de violaciones a los derechos humanos que son competencia del poder ejecutivo tenía 48.6 por ciento de avance.
El seguimiento para el cumplimiento de las acciones del programa de trabajo de las Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres había avanzado 53.3 por ciento y la atención integral en materia de derechos humanos para niñas, niños, adolescentes, mujeres, población LGBTTTI, personas indígenas, con discapacidad y migrantes, sólo registraba 36.5 por ciento de avance.
Dentro del recuento de los alcances del programa –que tiene como área de atención prioritaria a 113 municipios, entre los cuales 47 cuentan con población indígena– , la dependencia estatal concluyó que aún no hay estadísticas oficiales y claridad para ubicar a las poblaciones vulnerables, por lo que no se puede conocer su situación y condición para el diseño de políticas públicas focalizadas.
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Además de la insuficiente articulación entre las dependencias de la administración pública estatal, el informe apunta que en la entidad se requieren iniciativas de ley o reformas a las leyes para generar igualdad sustantiva y la no discriminación, y con ello reducir las violaciones a los derechos fundamentales, con especial atención a las personas indígenas y afrodescendientes, migrantes, población LGBTTTI, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
¿Hay un Estado de Derecho?
La organización internacional The World Justice Project (WJP) México define al Estado de Derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, que es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente, y es además un elemento indispensable para el desarrollo sostenible.
Con el objetivo de conocer la situación que guardan las 32 entidades federativas en esta materia, construyó, en 2018, el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide factores como los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
A lo largo de los dos últimos años, Veracruz ha documentado avances en materia de límites al poder gubernamental y a la corrupción, justicia penal, orden y seguridad; sin embargo, presenta también retrocesos en materia de gobierno abierto, derechos fundamentales, justicia civil y cumplimiento regulatorio, de acuerdo con el IEDMX 2021-2022.
Entre los factores que contribuyen a que Veracruz no progrese hacia un Estado de Derecho robusto, es el estancamiento de la protección efectiva de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la seguridad de las personas, el debido proceso legal de las personas acusadas, el derecho a la libertad de opinión y expresión, los derechos laborales y el derecho a la privacidad.
De acuerdo con esta medición nacional, la entidad veracruzana ha ocupado –durante el periodo 2019-2022– los últimos lugares del ranking nacional en materia de derechos fundamentales.
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Recientemente fue calificada con 0.39 en este rubro, y se posicionó en el lugar 32 con respecto del resto de las entidades federativas. Las calificaciones advierten que, en los recientes cuatro años, no ha habido cambios en favor de los derechos humanos.
Uno de los principios básicos para una efectiva protección de los derechos fundamentales, apunta el IEDMX, es que en las entidades, las personas deben recibir trato igualitario y no sufrir discriminación por género, condiciones socioeconómicas, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o nivel educativo en su accionar cotidiano o al interactuar con personas servidoras públicas.
Asimismo, hay ausencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y que disidentes políticos y activistas no sean sometidos a detenciones injustificadas, amenazas, maltratos o violencia; existe respeto a los derechos de las personas acusadas de cometer un delito, como la presunción de inocencia, el derecho a no ser arrestada arbitrariamente y a no ser detenida en prisión preventiva de forma injustificada.
Es importante destacar que si bien el IEDMX no representa una evaluación hacia una persona, institución o política pública específica, a nivel federal o estatal, es una de las herramientas de información más sólidas para conocer el desempeño institucional en el país y sirve para identificar fortalezas y debilidades de orden estructural de las entidades federativas.
La cuarta edición del Índice de Estado de Derecho ubica a Veracruz en la posición 23 del Ranking Nacional, con un puntaje general de 0.38, aún por debajo del promedio nacional que fue de 0.41, en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.
No obstante, en comparación con los resultados de la medición correspondiente al periodo 2020-2021, la entidad veracruzana registra un avance en el tablero nacional, al pasar del lugar 26 a la posición 23, según la reciente edición.
Actualmente, el Índice nacional muestra un estancamiento, incluso deterioro, en materia de Estado de Derecho en diferentes entidades; asimismo todos los estados se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea. Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46).
