La persistente problemática de las desapariciones en Veracruz revela la falta de compromiso real por parte de las autoridades para prevenir y esclarecer estos crímenes. Para los colectivos de familiares y el Consejo Estatal Ciudadano Veracruz (CED), la omisión continúa marcando la respuesta estatal, creando un abismo en la justicia y la dignidad de las víctimas.
Según el “Informe sombra sobre desapariciones en Veracruz: Un camino lleno de desafíos”, elaborado en colaboración entre los colectivos de familiares y el CED, las recomendaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas en relación con el Estado de Veracruz, datadas el 12 de abril de 2022, aún no se han implementado de manera satisfactoria, lo que significa que las instituciones no han cumplido con las demandas de las víctimas.
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El informe detalla que, a pesar de una reunión celebrada el 19 de diciembre de 2022 con el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas para abordar la implementación de las recomendaciones del CED, el gobierno veracruzano aún no ha cumplido con su acuerdo de presentar un plan de trabajo en febrero de 2023.
“Las instituciones se han reunido entre sí para abordar la implementación, pero no han proporcionado invitaciones ni información de seguimiento a las familias”, apunta el informe.
¿Hay compromiso y acciones contra delitos?
Los colectivos de familiares encuentran profundamente preocupante que, a pesar de contar con un gobernador y otras autoridades que expresan su compromiso con los procesos de búsqueda, investigación y justicia, y que en abril de 2019 emitieron una Declaratoria de Programa Emergente para Atender las Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, los casos sigan aumentando vertiginosamente.
A pesar de la documentación extensa del problema, las fuentes oficiales, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, solo reconocen 36 casos como desapariciones forzadas en el estado, una cifra que contrasta drásticamente con la realidad estatal.
Durante su comparecencia ante la Legislatura local en enero de 2023, la Fiscal Verónica Hernández Giadáns destacó que, de las 36 sentencias por desaparición forzada emitidas en México, ocho pertenecen a Veracruz y siete se han emitido durante su mandato.
Sin embargo, el informe señala que estas sentencias han recaído en autores materiales, no intelectuales, lo que genera un nivel importante de impunidad, tanto histórica como actual, ya que no se investiga a los altos mandos.
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En lo que respecta a la Declaratoria de Programa Emergente para Atender las Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, citada como respuesta a la crisis, para las familias se ha convertido en un triste ejemplo de simulación, donde las promesas de acción efectiva se han quedado en el olvido.
“La ausencia de avances reales y la percepción de abandono reflejan una desconexión alarmante entre las palabras y los hechos”, expresan los colectivos.
Desafíos permanentes en la problemática de las desapariciones
El análisis destaca cinco áreas críticas identificadas por las familias afectadas que reflejan los desafíos persistentes en Veracruz: la crisis forense, la inseguridad, la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, la coordinación interinstitucional y la implementación de normativas, así como el acceso a la justicia.
A pesar de la expansión de la infraestructura forense en Veracruz, la demanda supera la capacidad actual, lo que resulta en la acumulación de cuerpos no identificados. Para abordar este desafío, se requiere una asignación adecuada de personal y recursos para evitar que los nuevos centros periciales se conviertan en “elefantes blancos”.
La falta de claridad en la toma y resguardo de muestras de ADN crea desconfianza en el sistema. Además, la falta de información sobre las restituciones dignas y la demora en la recopilación de muestras genéticas prolongan el sufrimiento de las familias.
El informe también señala que la ausencia de una base de datos homologada dificulta la identificación de restos y la conexión con las familias, por lo que se recomienda mejorar la gestión de datos y acelerar los procesos de identificación.
Para los colectivos, es esencial brindar igualdad de oportunidades a todas las familias en las búsquedas y abordar la falta de confianza en las autoridades, por lo que las medidas de protección durante las búsquedas y una respuesta inmediata a las denuncias son fundamentales.
Otro elemento crucial es la falta de definición formal de una figura titular en la Comisión Estatal de Búsqueda, situación que no ha cambiado desde julio de 2019, cuando se nombró a una encargada de despacho.
Desde la perspectiva de las familias, existe un vacío de liderazgo efectivo que afecta directamente la eficacia de las acciones emprendidas, debilitando la capacidad de respuesta y coordinación requeridas en esta tarea.
Para los colectivos de familiares, la responsabilidad estatal en la ocurrencia de desapariciones persiste. A pesar de las declaraciones y promesas, la omisión sigue siendo una marca distintiva en este ámbito, sin que se tomen medidas adecuadas para prevenir y esclarecer estos crímenes.
“La ausencia de esfuerzos genuinos para resolver los casos y brindar justicia a las víctimas crea un vacío de reconocimiento y dignidad, en el que la esperanza de justicia se desvanece en la oscuridad de la impunidad”, concluyen los colectivos.
¿Qué colectivas y colectivos participaron en informe?
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Entre los colectivos que participaron en la realización del informe se encuentran: Buscando nos Encontramos Córdoba, Unidos por la Paz Veracruz, Colectivo Solecito de Veracruz, Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica Veracruz, Unidos por Amor a Ti, Grupo Buscando a Nuestras y Nuestro Desaparecidos Veracruz, Justicia y Dignidad Veracruz, Guerreras en Búsqueda Veracruz.
También el colectivo Fe y Esperanza “Por un Milagro de Dios”, Ayudar Regresar a Luis Alberto Calleja AC, Red de Madres Buscando a Sus Hijos Veracruz, Familias en Búsqueda Hasta Encontrarles, Fe, Fuerza y Esperanza Nogales, y Familiares No Colectivizados, cuyos nombres se resguardan por lineamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
