Veracruz, Ver.- Para evitar los procesos de inconstitucionalidad que puedan ayudar a los deudores alimentarios a evadir sus responsabilidades, se deben corregir errores y enmendar los huecos legales a la reforma para hacer efectiva la medida del registro de deudores alimentarios indica Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Facultad de Derechos de la Universidad Cristóbal Colón.
En entrevista explica que la creación del registro nacional de obligaciones alimentarias es positivo pero dentro de la reforma hay muchos matices de inconstitucionalidad a nivel nacional por lo que una vez que llegue a los estados para su homologación se deben crear los propios andamiajes.
Te puede interesar: ¿Por qué aumentó el trabajo infantil en Veracruz? Van los datos
En ese sentido puntualiza que se deben corregir errores, enmendar huecos y revisar los vacíos legales.
“El art 135 Bis de la Ley que protege el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes dice que se va a difundir en el registro, el que el deudor no pague su obligación alimentaria, esa difusión prácticamente es una de las sanciones y penas prohibidas del artículo 22 de la Constitución", dijo.
Añade: "Ahí tenemos un tema de inconstitucionalidad pero también hay que proteger los datos personales tanto del acreedor alimentario como del deudor alimentario, hay que procurar que las personas que deben y no pagan no aprueban un juicio de amparo y que el juez les conceda la razón porque constitucionalmente las tenga”, explica.
¿Qué pasa con los deudores alimentarios que ya están identificados?
Recuerda que aquel que ya esté empadronado o registrado o que forme parte de esta base de datos no va tener acceso a una licencia de conducir, acceso al pasaporte, no podrá salir del país, no va a poder hacer operación de compraventa y tendrá muchas limitaciones por ello reitera la importancia que la gente conozca acerca de esto.
Te puede interesar: Así fue el festejo del Día del Padre en Xalapa
Refiere que según estadísticas del DIF nacional, de cada 100 matrimonios, 74 están en proceso de divorcio desde el 2016 a la fecha y de estos el 60 por ciento están en demanda de pensión y solo el 20 por ciento logra que se cumpla.
El resto que equivale al 40 por ciento no logran resultado efectivo por factores como la compra de abogado, se salen de sus trabajos, cambian los bienes a otro nombre e implementa otras técnicas evasivas por lo que insiste en hacer las modificaciones necesarias para hacer cumplir la ley.
