Luego de tres años de lucha legal, la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado fue reinstalada en la Tercera Sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
¿Quién ocupaba dicha sala?
Dicha sala era ocupada por Ailett García Cayetano, hermana de la titular de la Secretaría del Trabajo, Dorheny García Cayetano, quien confirmó en sus redes sociales que a partir de esta semana formará parte de la Quinta Sala en materia penal del Poder Judicial de Veracruz.
El pasado 30 de mayo el Pleno del Congreso local aprobó el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el que se ratificó el nombramiento de la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, a fin de que fuera reincorporada al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Esto, conforme a la resolución dictada en el recurso de revisión 200/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. Con ello, la magistrada será reestablecida en su cargo por un periodo de cinco años, contados a partir del 30 de julio de 2020, fecha en que el Congreso local decidió no ratificarla por un segundo periodo en el Poder Judicial.
Derivado de esta resolución, se dejó sin efectos la designación de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos, que pasó a ocupar la plaza que se entendía disponible como consecuencia de la no ratificación de la ciudadana Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.
La magistrada Pérez Maldonado ocupará el cargo por un periodo de cinco años en términos de lo dispuesto por el Artículo 59 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado, contados a partir del 30 de julio de 2020.
Tras la resolución del Congreso local se realizó la notificación al Juzgado Décimo Quinta de Distrito del Estado de Veracruz, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; y al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
A inicios de este año el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito determinó la reinstalación de la Magistrada al considerar que es impugnable.
De acuerdo al amparo en 200/2022, los magistrados federales, última instancia para revisar el tema, determinaron que el Congreso local decidió de manera arbitraria sobre la no ratificación de la magistrada, quien tenía derecho a ser ratificada por un segundo periodo de cinco años.
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Al darle la razón a la quejosa, ordenaron también pagar los salarios caídos y prestaciones desde el 7 de julio del 2020 a la fecha.
El procedimiento de ratificación de los magistrados se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el Capítulo VIII, de los artículos 209 al 213, estableciéndose un período no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el magistrado, para que el Consejo de la judicatura analice su actuación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.
La magistrada solicitó al Consejo de la Judicatura de la entidad que se iniciara el procedimiento de ratificación de su nombramiento como Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, conforme lo previsto en la Ley Orgánica.
Lourdes Pérez Maldonado fue nombrada Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por el término de 10 años, periodo que concluyó el 29 de julio de 2020, el cual se puede extender por un término de cinco años más conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece como requisito principal que el magistrado a ratificar no haya cometido faltas graves durante el desempeño de su encargo, que se encuentren previstas en la Ley, advierte.
Por este caso hubo multa
En junio pasado, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fue acreedora a una multa de 10 mil 347 pesos por el desacato a la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en la que se pedía la reinstalación de la magistrada Pérez Maldonado.
De acuerdo con el juicio de amparo 433/2020-I-A, cuya última resolución se emitió el pasado 4 de julio, la titular del Poder Judicial del Estado incumplió con lo señalado en el amparo que le fue concedido a Pérez Maldonado para ser reincorporada a sus funciones.
En el documento se establece que mediante el oficio 2072/2023 emitido el 30 de junio pasado, firmado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mismo que se encuentra dirigido al Director de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del Estado, se informó a la magistrada que a las 11 horas del próximo 10 de agosto se realizaría la sesión para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
Sin embargo, el pasado 27 de junio el Juzgado requirió a la magistrada presidenta que en un plazo de dos días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, convocara y celebrara la sesión en la que Pérez Maldonado fuera restituida.
Debido a que la magistrada presidenta no dio cabal cumplimiento a lo ordenado y no justificó con pruebas idóneas exhibidas al efecto el motivo por el cuál se señaló hasta el mes de agosto para llevar a cabo la sesión, generando un retraso en la reinstalación, se hizo efectivo el apercibimiento.
“Se impone una multa a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, consistente en cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resultan de multiplicar dichas unidades de medida y actualización, por la cantidad de $103.74 pesos que es el valor vigente a la fecha de la emisión del citado acuerdo, de tal unidad de medida”, expone el documento.
Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 192 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la magistrada presidenta que en un plazo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente año, convoque y celebre la sesión para la restitución de Pérez Maldonado.
En caso de que no hubiera dado cumplimiento a lo requerido en el plazo indicado, le sería impuesta una multa equivalente a 150 Unidades de Medida y Actualización (15 mil 561 pesos) de conformidad con lo que establece el artículo 258 de la Ley de Amparo.
